La diputada del Tolima, Yully Porras de Yepes, respondió a las declaraciones de Carlos Portela y precisó que sus intervenciones han sido malinterpretadas en el marco del debate sobre las vigencias futuras ordinarias.

Según explicó, el pasado 11 de septiembre solicitó a la Secretaría de Hacienda una certificación detallada en la que, proyecto por proyecto, se indicara el valor total, lo apropiado en el presupuesto 2025 y el saldo proyectado para 2026. Sin embargo, la respuesta de la entidad fue que en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ya estaba garantizado el 100% de los recursos.

“Insisto en que la Secretaría de Hacienda me entregue la certificación en los términos solicitados, pues es fundamental para darle trámite positivo a este proyecto”, manifestó la diputada.

De igual manera, aclaró que nunca cuestionó la existencia ni disponibilidad de los recursos, ya que la mayoría provienen del empréstito aprobado, sino que hizo un llamado a la responsabilidad en la ejecución. Recordó que, de acuerdo con un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (2023) y con las directrices de la Procuraduría General de la Nación, las vigencias futuras ordinarias exigen que al menos el 15% de cada proyecto se ejecute efectivamente en el año 2025, más allá de su apropiación presupuestal.

“Mi intervención fue un recordatorio de que, aunque la Asamblea otorga la autorización, la responsabilidad de la ejecución recae únicamente en el Gobierno Departamental. Con corte al 31 de diciembre de 2025 debe acreditarse un avance mínimo del 15% en cada proyecto, y a partir de enero de 2026 estaremos ejerciendo control político sobre este punto”, recalcó

La diputada concluyó que su posición no busca frenar el avance de las iniciativas, sino hacer un llamado de atención para que los compromisos presupuestales se traduzcan en ejecución real. Además, advirtió que a partir de enero de 2026 la Asamblea ejercerá control político sobre el cumplimiento de ese requisito.