Las alertas por la presencia de grupos armados ilegales en corredores estratégicos del Tolima y el aumento de extorsiones en municipios como Cajamarca, Roncesvalles y Natagaima reflejan una de las problemáticas que más golpea a Colombia: la inseguridad.

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano ha sido enfático en que la extorsión es el delito que más afecta a campesinos, comerciantes y empresarios en las regiones, “la extorsión es un impuesto criminal que está asfixiando a la gente del campo y a la economía local”, aseguró.

Frente a esta situación, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano advirtió que cerca del 60% de las extorsiones en Colombia provienen de las cárceles, lo que convierte a estos centros penitenciarios en verdaderas centrales del crimen. Para cortar este flagelo desde la raíz, propuso la implementación de un software en los operadores de telefonía que bloquee automáticamente las llamadas ilegales desde los penales, reduciendo así más de la mitad de los casos en el país.

“Con decisión política, presencia del Estado y tecnología podemos frenar la extorsión. No más miedo para los comerciantes del Tolima ni para la gente del campo, que hoy es la que más sufre”, aseguró Lizcano.

Su propuesta contempla un plan integral contra la delincuencia que incluye:

- Instalación de 10 millones de cámaras de reconocimiento facial en todo el país, para prevenir delitos y fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública.

- Asignación inteligente de uniformados mediante mapas de calor y análisis de denuncias físicas y virtuales, lo que permitirá reforzar la seguridad en municipios rurales donde hoy la población se siente más desprotegida.

- Medidas de protección a los denunciantes, para que los ciudadanos puedan reportar a través de una App hechos de extorsión sin miedo a represalias, con mecanismos seguros y apoyo de la Fiscalía y el Ejército.

- Bloques de búsqueda y grupo élite, dedicados a perseguir y desarticular las redes criminales que operan en el Tolima. 

Lizcano advirtió que no se puede seguir permitiendo que campesinos sean carnetizados por grupos ilegales ni que los comerciantes trabajen bajo amenaza.

“La gente honesta no puede seguir pagando el precio del miedo. El Estado tiene que ser más fuerte que el crimen y devolverle la seguridad al Tolima y a todo el país”, concluyó.