La senadora y precandidata del Centro democrático, María Fernanda Cabal interpuso denuncia ante  la Corte Suprema de Justicia contra el también senador León Fredy Muñoz por afirmaciones calumniosas que tiene que ver con el ingenio y que fueron desmentidas  por  la Agencia Nacional de Tierras, ANT.

Según la entidad del Gobierno ha circulado en medios de comunicación informaciones sobre el Ingenio Pichichi y la senadora María Fernanda Cabal.

Ante esta situación ANT, aclara que en el marco de las actividades técnicas del barrido predial realizadas en zona rural del departamento del Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Tierras identificó predios sin información catastral. Conforme a los procedimientos establecidos, se adelanta un estudio detallado para determinar su naturaleza jurídica, a través de un proceso de clarificación de la propiedad.

Precisa la entidad oficial que es importante precisar que, a la fecha, no existe ningún proceso agrario activo sobre dichos predios. Por esta razón, la ANT no cuenta con información sobre su situación jurídica ni sobre su tenencia.

Señala la Agencia en un comunicado, que algunos medios han difundido información imprecisa que vincula a la senadora María Fernanda Cabal y a su familia con este caso. 

La ANT aclara de manera categórica que, hasta la fecha, no se ha identificado ninguna relación entre la senadora, su núcleo familiar y los predios objeto del barrido predial. Asimismo, no es correcto afirmar que los Ingenios Pichichi y Providencia estén haciendo uso de predios baldíos.

Precisó que el Coordinador Regional de la ANT en el Valle del Cauca no cuenta con autorización para emitir declaraciones relacionadas con procesos agrarios o predios en estudio, toda vez que, de acuerdo con la normativa vigente, estos procedimientos son de competencia exclusiva del nivel central de la entidad.

La Agencia Nacional de Tierras reafirmó su compromiso con la transparencia, el respeto al debido proceso y la aplicación rigurosa de los principios legales y técnicos que orientan su labor institucional. “Nuestra actuación se enmarca en la defensa del patrimonio público, la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y la garantía de los derechos de las comunidades rurales, siempre bajo criterios de objetividad, imparcialidad y veracidad en la información que se difunde a la opinión pública”.