La Administración Municipal de Ibagué puso sobre la mesa un nuevo pulso presupuestal. Durante el primer debate del Proyecto de Acuerdo 023, el secretario de Infraestructura, Marco Matheus Saavedra, defendió la necesidad de autorizar vigencias futuras excepcionales, con cargo al empréstito ya aprobado, para ejecutar obras clave en diferentes frentes.

“Necesitamos garantizar los CDP (certificados de disponibilidad presupuestal) para poder avanzar. Sin eso, no podemos publicar pliegos ni contratar”, señaló el funcionario ante la Comisión de Presupuesto, dejando claro que el tiempo apremia y que los cronogramas ya están definidos.

El paquete de obras incluye un plan masivo de pavimentación: más de 200 tramos en barrios de toda la ciudad, con una inversión estimada de 30 mil millones de pesos y una ejecución que tomaría 10 meses. Esto implica que los recursos deben estar asegurados más allá de la vigencia fiscal 2025.

Pero hay más. La propuesta contempla la construcción de la calle 103, una vía estratégica que conectaría el oriente con el occidente, impactando directamente a las comunas 7, 8 y 9. La ejecución, calculada en 12 meses, también exige cobertura presupuestal en 2026, lo que justifica plenamente el uso de vigencias futuras.

Junto a estos proyectos de movilidad, también se plantean intervenciones sociales de alto impacto, como el mejoramiento de viviendas, la construcción de soluciones habitacionales para hogares vulnerables y la rehabilitación de espacios deportivos como la Cancha Marte y el Polideportivo Maracaná.

“El proyecto está técnicamente estructurado. No se trata de improvisar obras, sino de garantizar su ejecución sin interrupciones innecesarias”, insistió Matheus, argumentando que la planeación ha sido rigurosa y que todo está listo para avanzar… si el Concejo da luz verde.

La apuesta de la Alcaldía es clara: que el acuerdo sea aprobado a tiempo para no frenar el proceso licitatorio, el cual deberá realizarse a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente, cumpliendo todos los requisitos legales.

Por ahora, la decisión la tiene el Concejo Municipal, que deberá decidir si habilita los recursos futuros para poner en marcha una de las apuestas de infraestructura más ambiciosas del actual gobierno.