Lo anterior, desatendiendo las respetuosas y reiteradas solicitudes del Gobierno de Colombia en el sentido de generar un protocolo que permitiera el traslado de estas personas en condiciones dignas, con respeto de sus derechos, y en un proceso seguro y ordenado. 

En una  nota diplomática, la cancillería colombiana anotó que “Lamentablemente, las autoridades ecuatorianas han decidido dar inicio al proceso sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”.

En ese sentido, Colombia, haciendo uso de los canales diplomáticos, ha expresado su más enérgica protesta ante el Gobierno del Ecuador por este gesto inamistoso hacia nuestro país, y se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender la situación y evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos en ese país.

Según el gobierno ecuatoriano, con la medida se busca garantizar la seguridad nacional frente a las permanentes amenazas de grupos armados, permitiendo la expulsión de extranjeros vinculados a delitos graves sin que hayan cumplido la mitad de sus condenas.