Desde el pasado 30 abril se abrió la discusión del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el presidente Iván Duque en el Congreso, el cual tuvo jornadas extensas de debate toda vez que se debía cumplir con el cronograma de ley que se establece para la aprobación del mismo en ambas cámaras antes del 7 de mayo.

Fueron 58 votos a favor y cuatro en contra para que el Senado diera luz verde al articulado que debía estar listo antes de la próxima semana y ahora deberá pasar a sanción presidencial, conociéndose además, que el Plan tiene un costo estimado de más de $1.000 billones de pesos.

Aunque el Gobierno Nacional tiene la tranquilidad que el Congreso le dio el visto bueno al articulado, lo que si se pudo observar en el debate de la plenaria es que solo se encontraban 62 de los 100 parlamentarios que asistieron a la misma, numero de congresistas que apenas logró el quórum decisorio de 55 para votar este proyecto de tanta trascendencia para el país.

Entre los artículos que no se aprobaron en el PND está el que le permitía al gobierno diseñar un control al Sistema General de Participaciones, donde municipios y departamentos reciben 38 billones en recursos para salud, educación, saneamiento básico, agua potable y libre disposición.

En el caso de las pensiones se aceptaron cuatro artículos, uno de ellos que permitirán a los docentes que se les paguen las sentencias por mora pendientes y procedimientos agiles para liquidar sus prestaciones sociales. De igual forma, se aceptó el Fonpet, es decir que con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, se podrán pagar las obligaciones vigentes.

Uno de los temas que más había causado polémica eran las facultades extraordinarias al presidente Iván Duque, de las cuales se le concedieron 5 de las 7 planteadas, en los artículos, 331, 332, 333 y 335 y 336, los cuales tuvieron una votación de 93 a favor y 40 en contra, donde se establece la reforma a las contralorías delegadas, adoptar la estructura y organización del Consejo Nacional Electoral y fusionar entidades públicas del sector financiero.

Acuerdo de paz

En lo que tiene que ver con el acuerdo de paz y que quedara consignado en el Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue dado a conocer por el representante John Jairo Cárdenas de la U, quien manifestó que “en la Constitución quedó incorporado el principio según el cual en el PND y en el Plan Plurianual de Inversiones debe de haber un capítulo aparte, diferenciado y específico sobre la implementación del proceso de paz, pero claramente este capítulo no se hizo”.

Uno de los aspectos que se resaltaron fue la asignación de 37 billones de pesos para la implementación de lo pactado y esto se logró luego de una difícil lucha toda vez que inicialmente se hablaba de incluir únicamente 10 billones de pesos, mientras que el resto de dinero estaba distribuido en varios apartes del PND.

En el tema del acuerdo de paz, hubo un artículo que al parecer podría generar discusiones es que “en la JEP se incluyó un artículo que es una cosa exótica, rarísima. Le dieron autonomía presupuestal y administrativa a la Unidad de Investigación y de Análisis de la JEP, quitándole recursos al tribunal.  Lo quiero decir con mucha claridad, eso lo promocionó especialmente el Centro Democrático".

 IVA a la gasolina

El Congreso avaló la reducción del IVA para el combustible, pasando del 19% al 5%, por lo que de esta manera la gasolina y el ACPM se unirán a los productos y servicios que tendrán tarifa especial en el Estatuto Tributario.

Según el Gobierno con esta medida se podrá racionalizar la entrega de subsidios, lo que ayudaría a un ahorro fiscal, debido a que mensualmente se destinarán $14 billones a los productores nacionales de combustible para ayudarlos en la variación de los precios internacionales, sin embargo, esta decisión generaría que el Estado deje de recibir 2 billones cada año.

Esta iniciativa aprobada fue celebrada por el gremio transportador toda vez que este insumo representa el 33% de los costos operativos de los vehículos.

Fracking

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo se da a conocer una nueva política que busca “utilizar herramientas innovadoras, garantizando la seguridad energética para el desarrollo del país”, así como también la clasificación de los yacimientos no convencionales, denominados ahora Fracking, con el cual se pretende incrementar las reservas y preservar la autosuficiencia de hidrocarburos en Colombia.

Con la aprobación de este punto, se le darían facultades al Estado para conformar una comisión de expertos independiente para que evalúen y den recomendaciones, así como también, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, realizará estudios con expertos independientes, para actualizar, profundizar y complementar el conocimiento técnico de la exploración y producción de estos recursos y los impactos ambientales asociados que generaría esta actividad.

 Uno de los representantes que se refirió a este tema fue Julián Peinado quien manifestó que “el fracking generó sismos en Estados Unidos, en ocho de sus estados y tiene afectadas las propiedades. Tiene la capacidad de dañar las placas tectónicas o de activarlas. Y ni hablar de los temas de salud, son químicos tóxicos en un 75 %, dicho por la Asociación de Médicos de Massachusetts”.

Regalías a la minería

El Congreso aprobó la disminución del porcentaje de regalías por explotación minera que ahora varía entre el 0,4% para oro y plata y 3,27% para carbón a cielo abierto, situación que llevó a decir entre los parlamentarios que en el pasado esta participación llegaba al 5% y se estarían regalando los recursos propios.

 Precio del café

Uno de los temas polémicos por estos días ha sido la crisis de los cafeteros y se evidencio en la gran movilización realizada el pasado 24 de abril, por lo que al discutir el PND, se aprobó la creación de un fondo de estabilización de precios del café, mecanismo que se estaba pidiendo desde hace años por parte de los productores.

De acuerdo al artículo aprobado, se puede entender que con este fondo se busca adoptar mecanismos para estabilizar el ingreso de los productores de café colombiano y protegerlos de los precios extremadamente bajos.

Aranceles a las prendas de vestir

En la aprobación del PND se incluyó un arancel de 37,9% a las importaciones de prendas de vestir cuando el precio sea inferior o igual a US$20 por kilo. Para superar ese precio se estableció un arancel de 10% ad valorem, más de US$3 por kilo.

Esta iniciativa vino de la Cámara Colombiana de la Confección como medida para poder proteger la industria nacional de las importaciones e prendas de vestir provenientes de Asia y África.

Sin embargo, ya se ha conocido la oposición de gremios como Fenalco, la Andi y Analdex, toda vez que aseguran que la política arancelaria es competencia del Ejecutivo y no del Congreso, toda vez que se estaría incentivando el contrabando, se subirían los precios al consumidor y se expondría a Colombia a sanciones por parte de la Organización Mundial del Comercio.