Dos meses después del terremoto del 10 de agosto, nuestro país enfrenta una prueba que va más allá de reconstruir viviendas, es demostrar que el Estado puede convertir sus anuncios en soluciones. Porque una cosa es declarar la emergencia, anunciar recursos e instalar mesas técnicas; otra, muy distinta, es que una familia recupere su hogar, que un comerciante vuelva a trabajar o que una comunidad recobre la tranquilidad que perdió bajo los escombros.

La reconstrucción compromete a todos los niveles del Estado. La Nación debe coordinar, financiar y exigir resultados a sus entidades, con la UNGRD a la cabeza. Departamentos y municipios, según la Ley 1523 de 2012, deben identificar necesidades y ejecutar lo que les compete y corresponde. El artículo 288 de la Constitución lo resume en tres principios: coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Ninguno es licencia para señalar al otro: la concurrencia de competencias no puede resultar en una competencia por repartir culpas.

La preocupación no es una simple percepción. El 5 de octubre, tras visitar Risaralda, Quindío y Caldas, la Procuraduría advirtió que el cierre del Registro Único de Damnificados dejó por fuera a familias, sobre todo en zonas rurales dispersas y territorios étnicos. Advirtió también que las plataformas no permiten actualizar el estado de las viviendas ni registrar los daños de las más de 1.300 réplicas y que los auxilios no han llegado a todos. Las autoridades territoriales, por su parte, reportan distribución desigual de las ayudas y falta de ingenieros estructurales y maquinaria. En Chocó, a dos meses, ni siquiera hay una cifra oficial de cuántas familias han cobrado los subsidios que se han otorgado.

Sería injusto desconocer el esfuerzo de los organismos de socorro, los funcionarios y las comunidades. Sin embargo, reconocerlo no obliga a renunciar a la vigilancia sobre los resultados. Un registro cerrado el 4 de septiembre no puede ser la última palabra para quien sigue sin techo en octubre.

La Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se garantizan la transparencia y el derecho de acceso a la Información pública nacional, protege el derecho a saber cuántas familias han recibido ayuda, cuántas viviendas se han recuperado, qué recursos se han comprometido y cuánto se ha ejecutado. Por eso conviene exigir dos cosas esenciales y verificables: la primera, reabrir de manera extraordinaria el registro y la evaluación de daños, como pidió la Procuraduría; la segunda, publicar cada mes cifras claras de los avances.

Finalmente, no se trata de convertir el dolor en una disputa política, sino de impedir que el sufrimiento termine sepultado bajo trámites y discursos. En ultimas, Una tragedia puede ser inevitable; que la respuesta del Estado sea otra, no.