La pregunta parece incendiaria: ¿Gustavo Petro quebró a Colombia? Técnicamente el país no está quebrado ni ha entrado en cesación de pagos. Pero después de cuatro años de discursos sobre justicia social, ricos, pobres y redistribución, las cuentas son suficientemente alarmantes para hacer la pregunta. El nuevo Gobierno habla de una crisis fiscal, según The Economist, Colombia tiene hoy el segundo mayor déficit del mundo, equivalente al 7,5 % del PIB (El primero a nivel mundial es Egipto con un déficit equivalente al 7,7 % de su PIB). El Banco de la República advierte que, sin correcciones, el déficit podría alcanzar en 2027 un descomunal 9,4 % del PIB y la deuda neta el 66,2 %. 

El presupuesto de 2027 parece una autopsia de lo ocurrido. Son $634,9 billones: $392,6 billones para funcionamiento, $155,4 billones para servicio de la deuda y apenas $87 billones para inversión. Traducido al idioma de la calle: de cada $100 que gastará Colombia, $62 serán para funcionamiento, $24 para pagar deuda y solamente $14 para inversión. Con esos pobres $14 tenemos que construir carreteras, vivienda e infraestructura, apoyar el campo y financiar ciencia, deporte, cultura y competitividad. Y recemos para que lleguen completos, porque todavía deberán atravesar el laberinto de la contratación pública, donde históricamente aparecen ineficiencia, clientelismo o, en el peor de los escenarios, corrupción.

Pero quizá nada retrate mejor la fiesta fiscal que las pensiones. El salario mínimo aumentó alrededor del 23 % en 2026, una decisión políticamente popular que mejoró los ingresos de quienes conservaron empleos formales cubiertos por el mínimo, pero también incrementó costos laborales y obligaciones públicas indexadas. Ahora aparecen presiones adicionales sobre el presupuesto pensional. La discusión ya no es si subir el salario mínimo suena socialmente justo, sino si alguien calculó suficientemente la factura. Porque aumentar ingresos por decreto es sencillo; aumentar productividad, recaudo y riqueza nacional 23 % por decreto resulta imposible.

Allí encontramos una de las grandes contradicciones que dejó el gobierno Petro: repartir fue políticamente más atractivo que explicar de dónde saldría el dinero. El Estado gastó más y amplió obligaciones hasta tensionar unas finanzas públicas que hoy necesitan cirugía. El servicio de la deuda previsto para 2027 pasó de $118 billones a $155,4 billones después de revisar las cuentas. Para 2026 eran $100,5 billones. Mientras discutíamos cómo repartir la riqueza, hipotecábamos una porción creciente del presupuesto futuro.

A esto se suma otro capítulo que debería indignarnos: los recursos públicos cuestionados durante el cuatrienio. El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo abrió investigaciones sobre contratación y presuntos desvíos; organismos de control han cuestionado otros gastos y programas. Una denuncia, un hallazgo fiscal o un posible detrimento no equivalen a una condena por corrupción, pero tampoco podemos mirar hacia otro lado. En un país endeudándose para cumplir obligaciones básicas, cada posible peso malgastado resulta obsceno.

Después de todo esto aparece nuevamente el Fondo Monetario Internacional. El contraste es extraordinario. En 2025 Colombia canceló su Línea de Crédito Flexible con el FMI; ahora regresaron las conversaciones con el organismo y el Gobierno solicitó adelantar la misión técnica que evaluará las cuentas colombianas. Todavía no existe un rescate ni un acuerdo formal de crédito. Pero la señal es poderosa: Colombia necesita convencer nuevamente al mundo de que puede ordenar sus finanzas, este es un síntoma que refleja la delicada situación financiera del país. 

Ahora vendrán las decisiones desagradables. Habrá que revisar burocracia, contratos innecesarios, subsidios mal focalizados y gastos prescindibles; combatir la corrupción, proteger las pensiones de las que dependen más de un millón quinientos mil pensionados   y pagar deuda sin destruir la poca inversión disponible. Pero tampoco bastará con recortar, Colombia necesita empresas, inversión privada, infraestructura, productividad, exportaciones y empleo formal. Sin una economía mucho más grande será imposible sostener un Estado que cuesta tanto.

Petro podrá defender sus políticas y exhibir resultados sociales, pero gobernar no consiste solamente en anunciar derechos, subsidios y aumentos: también consiste en dejar el dinero para pagarlos. Una obligación no desaparece cuando termina un mandato, una deuda no cambia de partido político y los intereses siguen corriendo, aunque el presidente abandone la Casa de Nariño.

Entonces volvamos a la pregunta incómoda: ¿Petro quebró a Colombia? Puede que jurídicamente no. Pero económicamente dejó unas cuentas suficientemente deterioradas que obligan al país a tomar durante los próximos años decisiones que nadie quisiera tomar.

Y ahí está quizá la parte más dolorosa: Petro ya se fue, pero la factura se quedó. No llegará a nombre de un expresidente ni de sus ministros. Llegará al colombiano común, al empresario que intenta sostener empleos, al trabajador que espera conservar el suyo, al pensionado que necesita tranquilidad, a las regiones que reclaman inversión y al joven que todavía espera oportunidades.

Los gobiernos duran cuatro años; las consecuencias de sus decisiones pueden acompañar a un país durante generaciones. Y esta vez, como siempre, las cuentas en rojo no las pagará quien malgasto los recursos, las pagaremos todos.