Los terremotos no solamente derrumban edificios. También destruyen patrimonio, paralizan empresas, interrumpen carreteras, golpean el turismo, amenazan empleos y obligan a los gobiernos a cambiar sus prioridades. El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, además de dejar una dolorosa tragedia humana, se convirtió en uno de los mayores desafíos económicos y fiscales que deberá enfrentar el país en muchos años.

La dimensión del desastre es enorme. Los reportes oficiales han registrado afectaciones en centenares de municipios, con miles de viviendas destruidas o averiadas, además de daños en colegios, hospitales, carreteras, puentes y servicios públicos. Detrás de cada infraestructura afectada existe una consecuencia económica, una vivienda destruida representa el patrimonio de una familia; una carretera cerrada incrementa costos logísticos; un comercio que no abre pierde ingresos y empleos; un hotel desocupado golpea toda una cadena turística.

Las estimaciones iniciales del Gobierno han situado las pérdidas alrededor de $30 billones, aproximadamente unos US$9.600 millones, aunque la cifra definitiva seguramente necesitará tiempo para consolidarse. Y aquí aparece el gran problema; el terremoto encontró a Colombia atravesando una situación fiscal extraordinariamente compleja.

Antes de que la tierra temblara, el nuevo Gobierno ya recibía un enorme desequilibrio presupuestal, elevado endeudamiento y la necesidad de realizar importantes ajustes al gasto. Ahora deberá hacer algo todavía más difícil; ordenar las finanzas públicas mientras consigue los recursos necesarios para reconstruir una parte considerable del país.

Por eso el terremoto necesariamente cambió las prioridades del Gobierno de Abelardo de la Espriella. Habrá gastos que deberán aplazarse, partidas que tendrán que reducirse y recursos que deberán redireccionarse. Salud, vivienda, infraestructura, servicios públicos, seguridad, reactivación empresarial y atención a las víctimas tendrán que ocupar los primeros lugares. En una situación semejante, gobernar también significa priorizar.

Pero sería profundamente irresponsable pretender financiar toda la reconstrucción simplemente aumentando la deuda. Colombia necesita una arquitectura financiera extraordinaria que combine recursos del Presupuesto General de la Nación, reasignaciones del gasto, regalías, sector privado, cooperación internacional y banca multilateral.

Afortunadamente, la solidaridad ha sido inmensa. El sector empresarial colombiano ha movilizado importantes donaciones y organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y otros actores multilaterales han comenzado a ofrecer recursos y cooperación. Esa articulación demuestra algo fundamental; una reconstrucción de semejante magnitud no puede recaer exclusivamente sobre el Estado. Gobierno, empresarios, regiones, cooperación internacional y sociedad civil tendrán que trabajar alrededor de un mismo propósito.

Colombia tiene experiencias que pueden servir de referencia. La reconstrucción posterior al terremoto del Eje Cafetero de 1999 demostró la importancia de contar con estructuras especiales de gerencia, participación regional, coordinación público-privada y mecanismos transparentes de ejecución. La magnitud de la emergencia actual exige recuperar esos aprendizajes.

El llamado Fondo Milagro deberá manejar cada peso como si fuera sagrado. Se necesitan fiducias o patrimonios autónomos, auditorías independientes, trazabilidad contractual, información pública permanente y veeduría ciudadana. Colombia no puede permitir que alrededor del dolor de las víctimas aparezca nuevamente la corrupción. Robarse un peso de la reconstrucción sería robarle por segunda vez a quien ya lo perdió casi todo.

Pero esta tragedia también plantea una oportunidad económica que debemos entender correctamente. La reconstrucción movilizará enormes cantidades de cemento, acero, maquinaria, transporte y servicios profesionales; demandará ingenieros, arquitectos, técnicos, maestros de obra y miles de trabajadores. Recuperar viviendas, carreteras, hospitales, colegios, puentes y acueductos necesariamente estimulará la construcción, la industria y el empleo.

Eso no significa que un terremoto produzca riqueza. Primero se destruyó patrimonio que Colombia ya tenía. El verdadero beneficio aparecerá solamente si reconstruimos mejor de como estábamos antes: viviendas realmente sismorresistentes, hospitales más modernos, mejores carreteras, servicios públicos resilientes, empresas recuperadas y territorios mejor preparados frente a futuras emergencias.

Especial atención merece el Chocó. La reconstrucción no puede significar simplemente devolver a sus comunidades a las mismas condiciones de pobreza, aislamiento y precariedad que existían antes del terremoto. Si el Estado va a realizar inversiones extraordinarias, esta debe ser la oportunidad para cerrar brechas históricas, mejorar conectividad, servicios públicos e infraestructura productiva. Sería imperdonable invertir billones simplemente para reconstruir pobreza.

El terremoto cambió abruptamente la agenda del nuevo Gobierno. Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia con enormes desafíos en seguridad, crecimiento, inversión y ajuste fiscal, y la naturaleza agregó uno más; reconstruir buena parte del territorio afectado.

Ahora tendrá que hacer ambas cosas simultáneamente, reconstruir regiones y ordenar las finanzas públicas. Será una operación económica monumental que exigirá austeridad donde sea posible, inversión donde sea indispensable, crédito donde sea sostenible, solidaridad donde pueda movilizarse y transparencia en absolutamente todas partes.

Porque reconstruir Colombia no consiste solamente en volver a levantar lo que cayó. El verdadero desafío será aprovechar esta dolorosa tragedia para construir territorios más seguros, productivos y resilientes. La factura será gigantesca; el reto histórico será pagarla sin quebrar las finanzas públicas y, sobre todo, reconstruir mucho mejor de lo que teníamos.