Ahora que el nuevo gobierno invoca la resistencia constitucional frente a la pretensión del presidente saliente de desconocer los resultados electorales y sembrar el caos; vale la pena recordar que mucho antes una mandataria regional ya había levantado ese grito institucional en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

Ese contrapeso nació desde las regiones, especialmente con la gobernadora del Tolima y el gobernador de Antioquia, quienes sin reparo cuestionaron, controvirtieron y frenaron buena parte de esa irracional política centralista de Paz Total, que ¨pretendía¨ poner fin al conflicto armado y transformar territorios, pero que finalmente terminó agudizando la violencia y desfigurando esos mismos territorios.

La estrategia del cese al fuego y los permanentes procesos de negociación con grupos armados ilegales, lejos de producir los resultados esperados, les permitió reagruparse, expandir su presencia territorial y fortalecer sus economías ilícitas. Mientras el discurso oficial hablaba de paz, muchas regiones experimentaban un deterioro progresivo de la seguridad y una creciente pérdida de la autoridad estatal.

Esa retórica diaria terminó debilitando el orden constitucional como pilar fundamental de toda democracia. La denominada Paz Total fue reemplazada en muchos territorios por una sensación de Inseguridad Total, que afectó corredores estratégicos y permitió finalmente que esas estructuras criminales accedieran parcialmente a departamentos blindados como el Tolima.

Rodeado por fuerte presencia de grupos armados ilegales, el Tolima volvió a convertirse en un territorio estratégico para sus pretensiones de expansión, y municipios como Ataco evidenciaron esa compleja realidad que hoy solo podrá revertirse si el Gobierno nacional escucha y fortalece esa resistencia institucional que desde hace varios años ha liderado la gobernadora de los tolimenses.

Con las limitadas competencias que tiene un gobierno departamental en materia de orden público, la mandataria mantuvo una postura firme alrededor de un principio que hoy terminó convirtiéndose en una política pública de gobierno: "Con seguridad todo y sin seguridad nada". Más que un eslogan, ha sido una visión de desarrollo que entiende que sin seguridad no hay inversión, empleo, turismo, competitividad ni bienestar.

Mientras otros apostaban por discursos que relativizaban el ejercicio de la autoridad, desde el Tolima se insistía en que la seguridad debía seguir siendo el fundamento del desarrollo territorial. Esa convicción permitió neutralizar los efectos de la Paz Total y mantener un importante equilibrio institucional en un departamento que continúa siendo estratégico para esas organizaciones criminales.

La Paz Total probablemente quedará como uno de los grandes fracasos del gobierno que termina. Que paradójicamente hoy es invocada por quienes promueven una resistencia civil frente al nuevo escenario político, desconociendo el mismo principio democrático que durante años defendieron.

Por eso, al nuevo presidente de los colombianos le corresponde la enorme responsabilidad de realizar un gobierno que recupere la confianza ciudadana y demuestre sin necesidad de espejo retrovisor, que existen mejores caminos para garantizar la seguridad, fortalecer las instituciones y consolidar el desarrollo.

En la Patria Milagro deberá regresar la seguridad territorial, recuperarse la seguridad jurídica y consolidarse la seguridad alimentaria, ambiental y energética. Pero, sobre todo, deberá restablecerse la seguridad democrática como condición indispensable para que regrese la inversión, el crecimiento económico y la prosperidad nacional.

El Tolima resistió desde su estrategia ¨con seguridad todo, sin seguridad nada¨, anticipándose al nuevo reto presidencial de ¨gobernar la seguridad sin salir de la democracia¨. Porque al final sin ella, sin la seguridad, ninguna transformación será posible.