El Decreto 1474 de 2025, expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, no es una simple medida técnica de ajuste fiscal, como pretende venderse desde Bogotá. Es, en esencia, un atentando contra las finanzas departamentales, un golpe directo a la autonomía territorial y un castigo abierto al esfuerzo fiscal de las regiones.

La reacción de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, no es exagerada ni oportunista, es la respuesta lógica de quien ve cómo, desde el escritorio centralista, se pretende reescribir la regla básica del Estado descentralizado, que los territorios tienen derecho a administrar y planificar sus propios recursos. El decreto introduce una lógica perversa según la cual cualquier ingreso departamental que crezca por encima del IPC debe ser transferido a la Nación. Es decir, si un departamento recauda mejor, se le castiga. Si es eficiente, se le quita. Si hace la tarea, se le confisca el resultado (Comunismo puro).

Esto no solo desincentiva el buen recaudo; lo destruye. ¿Para qué invertir en fortalecer las rentas propias, en modernizar y optimizar sistemas tributarios o en ampliar bases fiscales, si el premio por hacerlo bien es que Bogotá se quede con el excedente? El mensaje es devastador, mejor no recaudar, mejor no crecer, mejor depender. Ese no es un modelo de equidad; es un modelo de subordinación financiera.

El impacto real de esta decisión va mucho más allá de una discusión contable. Menos recursos departamentales significa menos inversión en salud, educación, deporte, seguridad y vías regionales. Significa hospitales sin ampliación, colegios sin mantenimiento, programas deportivos cancelados y proyectos sociales aplazados indefinidamente. Y lo más grave, significa que los presupuestos ya aprobados por las asambleas para 2026 quedan en el aire, generando una incertidumbre institucional que erosiona la planeación pública y rompe la confianza en las reglas de juego.

El Gobierno Nacional habla de solidaridad fiscal, pero lo que impone es centralismo puro y rampante. No consulta, no concreta y no respeta. Pasa por encima de gobernadores y asambleas, y utiliza la figura del decreto como atajo para hacer lo que no podría sostener políticamente en el Congreso. Esa práctica no solo es cuestionable desde lo político; es profundamente problemática desde lo constitucional. La Carta del 91 no consagró un Estado unitario centralista, sino uno descentralizado, con autonomía fiscal y administrativa para los entes territoriales.

Por eso el llamado de la Gobernadora Adriana Magali Matiz al acudir a la Corte Constitucional no es un gesto simbólico, sino una necesidad institucional. Este decreto sienta un precedente peligroso, hoy son los ingresos que crecen por encima del IPC; mañana puede ser cualquier otra renta regional. Si se acepta este despojo sin resistencia, las regiones quedarán reducidas a simples ejecutoras de migajas, dependientes totalmente del gobierno central de turno.

El trasfondo ideológico del decreto tampoco puede ignorarse. Este gobierno ha demostrado una desconfianza sistemática hacia los territorios, especialmente hacia aquellos que no se alinean políticamente con la Casa de Nariño. Bajo el discurso de la redistribución, se esconde una pulsión de control. No se trata de cerrar brechas regionales, sino de concentrar poder. Y cuando el poder fiscal se concentra, la democracia territorial se debilita.

Resulta paradójico que un gobierno que se autoproclama defensor de lo público termine debilitando la capacidad de las regiones para cumplir funciones esenciales. Mientras se habla de justicia social, se recortan los instrumentos reales para alcanzarla en los territorios. Mientras se promete equidad, se castiga la eficiencia. Mientras se invoca la descentralización, se gobierna como en los peores momentos del centralismo bogotano.

Este no es un debate técnico reservado a expertos en finanzas públicas. Es una discusión política de fondo sobre qué tipo de Estado quiere ser Colombia. Uno donde las regiones tengan voz, recursos y capacidad de decisión, o uno donde todo dependa de decretos expedidos desde el centro. El Decreto 1474 inclina peligrosamente la balanza hacia lo segundo.

Si los gobernadores no actúan de manera conjunta, si no defienden de forma firme y coordinada las rentas territoriales, este zarpazo a las finanzas territoriales se consolidará como norma. Y cuando eso ocurra, no habrá discurso sobre autonomía que valga, la defensa de los recursos regionales no es un capricho de mandatarios locales; es una defensa directa del bienestar de millones de ciudadanos que viven lejos del poder central y que dependen de que sus departamentos tengan con qué invertir.

El país necesita responsabilidad fiscal, sí, pero también necesita respeto institucional. Quitarles a los departamentos lo poco que tienen no resolverá el déficit nacional. Solo profundizará el malestar regional y confirmará una verdad incómoda resultante en que, bajo este gobierno, la descentralización es discurso, pero el centralismo rampante es total, la misión de descentralización quedo reducida a nada. Y ese, sin duda, es un camino peligroso para la democracia en Colombia.