En los últimos veinte años, el departamento ha perdido cerca de 200.000 habitantes, una cifra que no es menor ni casual. Detrás de ese descenso hay una realidad profunda, jóvenes que no encuentran oportunidades, que no se sienten parte del desarrollo y que terminan buscando alternativas lejos de su tierra o en economías de alto riesgo.

Este fenómeno golpea con especial dureza al campo. En amplias zonas rurales del Tolima, las fincas se están quedando solas, no porque falte tierra o vocación agrícola, sino porque no hay empalme generacional. Algunos jóvenes rurales ya no creen en el campo porque no les ofrece ingresos dignos, estabilidad ni futuro. Ven a sus padres envejecer trabajando sin garantías, con altos costos, bajos precios y sin acceso real a tecnología, crédito o mercados. El resultado es una migración silenciosa, jóvenes que abandonan la ruralidad, fincas que se envejecen y territorios productivos que se apagan lentamente.

La migración juvenil ya no es solo geográfica; es social y económica, en las ciudades, miles de jóvenes, especialmente los llamados NINIS, quedan atrapados entre la informalidad, el desempleo y la frustración. En ese vacío aparecen economías subterráneas que no deben analizarse desde el escándalo moral, sino desde su origen estructural. En semanas recientes, la atención pública se ha centrado en redes de supuesta brujería o esoterismo, particularmente en municipios como El Espinal, que hoy son investigadas como posibles oficinas de lavado de activos. La gobernadora Adriana Magali Matiz ha sido clara, no se trata de prácticas aisladas ni folclóricas, sino de estructuras criminales organizadas que instrumentalizan a jóvenes como mano de obra barata y desechable.

Es clave entender esto con responsabilidad, los jóvenes que terminan vinculados a estas redes no son los victimarios principales, son víctimas de una economía ilegal que se aprovecha de la falta de oportunidades, de la precariedad laboral y del abandono social. Estas organizaciones funcionan porque hay una demanda estructural, jóvenes sin empleo, sin educación pertinente, sin acceso a crédito, sin alternativas reales. Culpar únicamente al eslabón más débil sería un error. Combatir estas redes, como lo ha planteado la gobernadora, implica atacar el lavado de activos, las estructuras financieras y criminales que las sostienen, pero también cerrar la puerta por donde siguen entrando jóvenes desesperados.

El problema no se limita a estas economías. El Tolima vive una presión creciente de microtráfico, disidencias armadas y redes ilegales que reclutan jóvenes tanto urbanos como rurales. Estos grupos sí ofrecen algo que el país no está ofreciendo con suficiente fuerza, ingresos inmediatos, identidad y una falsa sensación de pertenencia. No porque sean mejores opciones, sino porque son las únicas visibles. La violencia que hoy cobra la vida de jóvenes en el Colombia no es solo criminal; es profundamente estructural y responde a un país que ha fallado en generar inversión social sostenida y oportunidades reales.

Aquí el señalamiento debe ser claro y firme, el problema no es la acción de la Gobernación, que ha asumido una postura frontal contra estas estructuras ilegales, sino un contexto nacional donde la inversión social es insuficiente, la economía regional no despega y la juventud sigue siendo la variable de ajuste. El Tolima está pagando el costo de una deuda histórica, esto en medio de un país que se fragmenta entre nuevas formas de violencia, economías ilegales más sofisticadas y un mercado laboral que no absorbe a su población joven.

La falta de empalme generacional en el campo, la pérdida de población, el aumento de jóvenes sin estudio ni trabajo y la expansión de economías ilegales no son fenómenos aislados, son síntomas de un mismo fracaso. Un territorio que no integra a sus jóvenes termina expulsándolos hacia caminos peligrosos.

La solución no pasa por la estigmatización ni por el silencio cómplice. Pasa por una estrategia integral, empleo juvenil urbano y rural, formación técnica pertinente, reconversión productiva del campo, acceso real a tierra, crédito y tecnología para jóvenes rurales, fortalecimiento de la agroindustria, regulación inteligente de la economía digital y una política de juventud que deje de ser marginal. Esta es la verdadera reforma agraria que debería proponer el gobierno nacional, en vez de estar acabando con tierras productivas a partir de la declaratoria de las famosas zonas APPA.

El Tolima necesita entender que cada joven que se va, que cae en una red ilegal o que muere en medio de la violencia, no es solo una tragedia individual, es una pérdida colectiva. Un departamento que pierde población joven, que deja envejecer su campo y que no ofrece alternativas dignas está hipotecando su futuro.

La gobernadora ha encendido una alerta que no puede quedarse en titulares. El problema en sí no son los jóvenes que caen en estas redes, el problema también radica en el modelo educativo público, un modelo que además de obsoleto ha sido ideologizado por los filósofos de la izquierda para convertir a los jóvenes en borregos y mendigos de un falso estado benefactor. Mientras eso no cambie, el Tolima seguirá perdiendo lo más valioso que tiene, la gente joven que conformará la base económica del futuro.