Siempre que llega noviembre, el país tiene sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría que a la fuerza inyecta el comercio para adelantar la Navidad y lograr repuntar en ventas, y por el otro, la nostalgia, la tristeza y la rabia de dos sucesos que marcaron para siempre la historia de nuestro país. El primero de ellos, la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero M-19, y como si eso hubiera sido poco para el corazón de los colombianos, tan solo seis días después el Nevado del Ruiz expulsó su furia y borró a Armero, acabando con la vida de más de 20 mil personas.

De ambos sucesos trágicos, desde aquel entonces se ha hablado de las responsabilidades. El 6 de noviembre de 1985, el M-19 entró a la fuerza al Palacio de Justicia en Bogotá, asesinó a los vigilantes y tomó por rehenes a magistrados de las cortes, funcionarios y ciudadanos que allí se encontraban. El objetivo de la toma, según sus promotores, era realizar un juicio político al presidente de la República, y aquello fue respondido con la fuerza desmedida de los tanques de guerra y los disparos a mansalva de la Escuela de Caballería. El saldo: tres incendios y más de 90 personas muertas. Según la Comisión de la Verdad, y pese al relato generalizado en el país, la responsabilidad del suceso fue compartida entre el grupo guerrillero y el Estado colombiano, pues además del accionar de los revolucionarios, hubo excesos de la fuerza pública en la respuesta, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, por las que incluso personas como el coronel Plazas Vegas fue condenado.  

En el caso de Armero, si bien fue una tragedia natural, siempre se ha dicho que el municipio debió evacuarse antes; que el ministro de Minas de la época, Iván Duque Escobar, no prestó atención a las advertencias del alcalde Ramón Antonio Rodríguez, quien murió enterrado junto a su pueblo y fue tildado de dramático y apocalíptico; e incluso el mismo presidente Belisario Betancur, quien aparece también retratado en la toma del Palacio, fue ampliamente cuestionado por su pasividad. Sobre Armero, además de la desaparición del pueblo entero, aparecen sucesos que nos recuerdan lo peor de la condición humana: las falsas víctimas que recibieron ayudas económicas y materiales luego de la tragedia, los saqueos a lo poco que quedó de propiedades y establecimientos, y, quizás lo más grave, la desaparición de más de 400 niños, según datos de la Fundación “Armando Armero”, que quedaron vivos y que al parecer fueron vendidos a personas en el extranjero. Luego de cuatro décadas, hay gente que sigue sin saber qué pasó con sus hijos, que fueron vistos vivos en la televisión y nunca más volvieron a aparecer.

Hoy, tanto la tragedia de Armero como la toma y retoma del Palacio de Justicia cumplen 40 años de historia. Cuatro décadas en las que las respuestas a muchas preguntas no han llegado, y casi que toda una vida en la que cientos de personas han llorado a sus seres queridos sin saber si siguen vivos o muertos; sin que haya respuestas claras y, lo que es peor, con la desesperanza de que la violencia simbólica, política y la de las armas, no desaparece. Momentos en los que, como alguna vez Silva y Villalba en su canción “Reclamo a Dios” manifestaron, quisiéramos dejar de recorrer el sufrimiento y el dolor, pero la difícil realidad en la que vivimos nos hace pensar que seguimos en aquellas épocas duras, en las que las cosas parecieran no tener solución.

Después de cuarenta años de lo sucedido, bien vale la pena decir: “Ojalá Señor, nunca voltees la mirada…”