El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Ronald Housni Jaller, y su secretario de Planeación, Sebastián Castellote Mora, fueron destituidos e inhabilitados por ocho años y seis meses para ejercer cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en una contratación de $2.070 millones.
El exmandatario contrató “la elaboración y análisis del perfil de demanda social y familiar caracterizando a los grupos poblacionales del departamento de San Andrés", mediante un convenio de asociación, modalidad contractual que resultaba inadecuada tomando en cuenta el tipo de servicio que se iba a prestar.
El ente disciplinario señaló que el convenio no se celebró para impulsar algún tipo de programa de interés público que fuera común a las partes, como lo exige el convenio de asociación, sino para cumplir con una labor de la administración departamental.
Entre tanto, la Procuraduría estableció que el exsecretario de Planeación suscribió el estudio previo correspondiente indicando en este documento que el objeto contractual podía ser ejecutado a través de este acuerdo de voluntades, vulnerando el principio de transparencia y el deber de selección objetiva, pues los convenios de asociación no pueden ser utilizados para contratar necesidades propias de las entidades estatales.
El comportamiento reprochado a los sancionados se calificó como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.
La delegada de juzgamiento 3 advirtió que contra este fallo sancionatorio procede el recurso de apelación.
