Procuraduría llama a fortalecer la prevención y la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas
La Procuraduría General de la Nación reiteró que la explotación sexual y la trata de personas constituyen graves violaciones de los derechos humanos y afectan profundamente la dignidad, la libertad y la integridad de las víctimas.
Estos delitos suelen estar acompañados de engaños, falsas promesas, amenazas y distintas formas de sometimiento, cuyas consecuencias generan un dolor permanente en las víctimas, sus familias y comunidades.
El trabajo realizado en los territorios ha permitido advertir que factores como la desigualdad de género, la pobreza, la migración irregular, el desplazamiento y el conflicto armado incrementan el riesgo de captación y explotación, especialmente en zonas rurales y de frontera y entre poblaciones históricamente vulnerables.
En algunos contextos, estas circunstancias ocasionan una doble afectación, pues las personas pueden ser simultáneamente víctimas de trata y de hechos relacionados con el conflicto armado.
El ente de control también alertó sobre la transformación de las estructuras de delincuencia organizada transnacional, que recurren cada vez con mayor frecuencia a las redes sociales y a las plataformas digitales para contactar a sus víctimas mediante ofertas laborales fraudulentas, propuestas de viajes, relaciones sentimentales engañosas y promesas de mejores oportunidades.
En esta fecha conmemorativa, la Procuraduría hizo un llamado a las entidades competentes para que fortalezcan la coordinación institucional, identifiquen oportunamente los factores de riesgo, garanticen una atención integral con enfoque diferencial y de género, y adelanten acciones eficaces para investigar y sancionar a los responsables.
Asimismo, invitó a la ciudadanía, pero sobre todo a los padres con sus hijos a mantenerse alerta, verificar las ofertas recibidas por medios digitales, acudir a los canales institucionales y denunciar cualquier situación sospechosa.
Combatir la impunidad es indispensable para proteger a las víctimas y cerrarles el paso a las redes criminales que se lucran de la necesidad, la vulnerabilidad y los sueños de miles de personas, señaló la Procuraduría.