La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, CAMPETROL, destaca la decisión del Consejo de Estado relacionada con los hechos ocurridos entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017 en la Estación Chichimene, en Acacías, Meta, la cual constituye un precedente relevante para el país sobre los alcances del derecho a la protesta y la necesidad de proteger los derechos de todos los actores involucrados.

El alto tribunal reiteró que la protesta es un derecho fundamental que debe ser garantizado cuando se ejerce de manera pacífica, y precisó que los actos de violencia, los bloqueos y las actuaciones que ocasionen daños demostrables a terceros o afecten el normal desarrollo de actividades productivas no cuentan con protección constitucional.

Para CAMPETROL, esta decisión pone de presente uno de los principales retos que enfrenta actualmente el sector de hidrocarburos en Colombia: la creciente conflictividad social alrededor de proyectos estratégicos para la seguridad energética, la inversión, la generación de empleo, el desarrollo empresarial y el bienestar de las regiones.

Los recurrentes paros y bloqueos que se vienen presentando en los últimos años (cuatro por día), en especial la interrupción de operaciones de mantenimiento de pozos en 16 equipos durante 64 días (entre abril y junio del presente año) generando afectaciones a más de 1.200 trabajadores directos en los campos Chichimene, Akacías y Castilla, Meta, y una pérdida de 1,04 millones de barriles de petróleo, MBLs, merecen un análisis similar a lo concluido por el Consejo de Estado por lo ocurrido en Chichimene en 2017.

Asimismo, los reportes conocidos sobre el proceso de consulta previa relacionado con Sirius evidencian otro de los retos que enfrenta la industria: la necesidad de contar con mecanismos institucionales eficaces para prevenir y resolver oportunamente las controversias que pueden terminar condicionando proyectos fundamentales para el abastecimiento energético nacional. En este caso, Ecopetrol ha señalado públicamente que enfrenta presuntas exigencias económicas de una comunidad de Taganga que estarían dificultando el avance del proceso.

CAMPETROL reitera su respeto por los derechos constitucionales de participación ciudadana, libertad de expresión y protesta pacífica. Al mismo tiempo, hace un llamado a todos los actores territoriales y demás actores sociales a trabajar conjuntamente en la construcción de condiciones de confianza, seguridad jurídica y gobernabilidad territorial que permitan prevenir conflictos y viabilizar proyectos estratégicos para el desarrollo del país.

La seguridad energética, la competitividad y el progreso de las regiones requieren diálogo, institucionalidad y condiciones que permitan desarrollar proyectos que son fundamentales para el presente y el futuro de Colombia.