|   08.Julio.2022   |   Por:  
Alfonso Aya Roa

Polémica por decisión del Consejo de Estado de aprobar el fracking

Presidente electo sostiene en que en Colombia no llevará a cabo esta práctica para la explotación petrolera.
Velotax

La Sección Tercera del Consejo de Estado desestimó los cargos y pretensiones de nulidad presentadas en contra del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución No. 90341 de 2014, emitidas por el Gobierno Nacional y por las cuales se autorizaba el fracking en Colombia.

Las normas fueron demandas porque, según en accionante estos mandatos representan un riesgo para los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal, en tanto contienen reglas que resultan insuficientes o no idóneas para evitar o mitigar estas consecuencias eventualmente dañinas. Lo que supone la violación de artículos 79 y 80 de la Constitución Política, así como del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, que impone la aplicación del principio de precaución en materia ambiental.

La Sección Tercera indicó que las normas acusadas corresponden a un reglamento técnico y que su función como juez de legalidad se circunscribe a determinar, con fundamento en las razones jurídicas de la demanda, si este vulnera las normas de mayor jerarquía indicadas por el actor.

Señaló que el principio de precaución, contenido en la Ley 99 de 1993, no tiene, por regla general, un carácter prohibitivo y paralizante. Aclaró que, por el contrario, es un llamado a la acción regulatoria, de manera que no se concreta en una proscripción a las autoridades para establecer los requisitos técnicos que deben cumplir quienes adelanten determinadas actividades comerciales y que tienen una incidencia ambiental jurídicamente relevante.

El tribunal explicó que, dado que la argumentación del demandante consistía en demostrar una insuficiente o equivocada valoración de la ciencia respectiva y, por ende, en poner en evidencia una errada decisión técnica de la administración, su actividad probatoria no podía reducirse a revelar una simple opinión técnica o de política ambiental diferente a la definida en la regulación. No podía limitarse a demostrar que la actividad es riesgosa, pues al tratarse de una cuestión técnica compleja, la anulación de la decisión de la administración solo es viable en la medida que sea abiertamente irrazonable, desproporcionada o arbitraria. Por esa razón, el actor tiene el deber de probar con absoluta seguridad y certeza la falencia o la equivocación manifiesta en su adopción.

Con fundamento en lo anterior la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado concluyó que:

El demandante no demostró que las normas acusadas no satisfagan las exigencias jurídicas del principio de precaución. No probó que sean contrarias, ajenas o irrazonables de cara al conocimiento científico o de la disciplina correspondiente. 

Tampoco probó que sus reglas sean arbitrarias, inadecuadas o irrazonables para mitigar los riesgos de la actividad regulada. Además, si bien se acreditó la existencia de opiniones técnicas distintas a las adoptadas por la reglamentación objeto de la demanda, no probó con certeza la existencia de una falencia o error cometido en ella o que sus reglas sean abiertamente inidóneas o inadecuadas por contrariar una única opción técnica o científicamente viable; tampoco porque fueren flagrantemente irrazonables, desproporcionadas o arbitrarias dentro de un número plural de opiniones técnicas válidas y legítimas. 

Las normas demandadas no crean, autorizan, avalan o permiten el fracking. Contienen la actualización de la reglamentación técnica que ya existía de una actividad que no está prohibida. La licitud de esta práctica escapa al medio de control de nulidad y además está sustentada en el régimen jurídico de la explotación de los recursos naturales no renovables permitida por la Constitución Política, reglas que fueron desarrolladas por el reglamento, en particular, de los yacimientos no convencionales, cuyo aprovechamiento es incentivado expresamente por la ley vigente.

El fracking es un método de extracción de petróleo o gas por estimulación hídrica muy criticado por activistas ambientales por, entre otras cosas, contaminar el agua, destruir los ecosistemas y ocasionar posible actividad sísmica.

Petro se mantiene
Tal y como lo había anunciado en su campaña, el presidente electo, Gustavo Petro confirmó que durante su gobierno no se realizará fracking.

Además, la ministra de Medio Ambiente escogida por Petro para su gobierno, Susana Muhamad, hace unos días señaló que se tenía el objetivo de cerrar esta práctica para comenzar un proceso de transición energética.

En un trino de su cuenta de Twitter, sobre el fallo del Consejo de Estado, Petro indica que “no habrá fracking en Colombia”.

Preocupados
La Alianza Colombia Libre de Fracking manifestó su preocupación luego que se diera a conocer la decisión del Consejo de Estado que deja en firme las reglamentaciones que permiten la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida comúnmente como fracking, en Colombia.

De acuerdo con la organización, esta decisión desconoce el principio de precaución en materia ambiental y el riesgo de daño grave e irreversible que representaría la técnica experimental para el ambiente y la integridad humana.

“La Sección Tercera toma una decisión en contravía del concepto de la Procuraduría General y de varias de las pruebas practicadas en el juicio, entre ellas el peritaje de la Universidad Nacional que demostraron la insuficiencia de las normas demandadas. Además se desecharon los amplios testimonios recabados, entre ellos los de la Comisión de Expertos conformada por el Gobierno, que evidenciaron la incertidumbre científica y la necesidad de aplicar el principio de precaución. El fallo debía declarar la nulidad de las normas demandadas”, se lee en el comunicado.