El Ministerio de Salud adoptó un nuevo Modelo de Atención en Salud para las Personas Privadas de la Libertad, PPL, bajo la custodia, inspección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

La actualización del modelo tiene como objetivo fortalecer la garantía del derecho fundamental a la salud de esta población mediante una atención integral, continua y de calidad, basada en la estrategia de Atención Primaria en Salud, la articulación institucional y el fortalecimiento de la capacidad resolutiva al interior de los establecimientos de reclusión.

Entre los principales avances se destaca la incorporación de modalidades de atención como la telesalud y la prestación de servicios extramurales, así como la implementación de protocolos adaptados a las condiciones propias del contexto penitenciario. De igual manera, se establece un plan de transición que permitirá la puesta en marcha gradual del modelo sin afectar la continuidad de los servicios de salud para la población privada de la libertad.

El nuevo modelo incorpora enfoques diferenciales que responden a las características y necesidades específicas de las personas privadas de la libertad y de los menores de tres años que conviven con sus madres en los establecimientos de reclusión del orden nacional. Asimismo, desarrolla lineamientos para la organización del aseguramiento en salud, la gestión integral del riesgo, los procesos de referencia y contrarreferencia y los mecanismos de seguimiento y evaluación.

La estructura del modelo está conformada por seis componentes fundamentales: la prestación de servicios de salud, la Red Integral e Integrada de Prestadores para la Población Privada de la Libertad, las condiciones de calidad, el sistema de referencia y contrarreferencia, la salud pública y el seguimiento y evaluación permanente de su implementación. 

Como eje transversal, incorpora estrategias para fortalecer la gobernabilidad y gobernanza del talento humano en salud.

Adicionalmente, la resolución establece una oferta diferencial de servicios intramurales mediante la clasificación de los establecimientos de reclusión en cinco categorías de Unidades de Atención Primaria, definidas según la capacidad poblacional, el perfil de seguridad, las características jurídicas y las condiciones de accesibilidad geográfica de cada establecimiento. 

Esta medida permitirá una asignación más eficiente y equitativa de los recursos asistenciales.

La expedición de esta resolución constituye un avance significativo en la política pública de salud penitenciaria y carcelaria del país, al consolidar por primera vez desde 2015 un modelo estructurado, integral y diferencial que responde tanto a los mandatos legales vigentes como a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional.

Con esta medida, el Gobierno nacional busca superar progresivamente problemáticas históricas relacionadas con la fragmentación de la atención, la desarticulación institucional y las barreras de acceso a los servicios de salud, fortaleciendo la capacidad del Estado para garantizar una atención oportuna, continua y de calidad a las personas privadas de la libertad.