La Defensoría del Pueblo evidenció la persistencia de vulneraciones y violaciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad que están consignadas en el ‘Informe de contraste al XIX informe del Gobierno nacional sobre el estado de cosas inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario’.

En una serie de visitas a los centros de reclusión en el país la entidad encontró, en su trabajo hecho en el segundo semestre del 2025, que persisten fallas estructurales que afectan a los centros de reclusión del orden nacional, como la infraestructura antigua y obsoleta, quejas constantes en la alimentación, hacinamiento penitenciario desbordado y afectaciones en la resocialización de las mujeres privadas de la libertad.

Asimismo, preocupa la situación de los municipios y departamentos, pues incumplen su competencia legal sobre la población sindicada, lo que ha generado fenómenos de vulneración de derechos en el Sistema.

En términos de alimentación, solamente el 20 % de los municipios subsidiados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, presentó planes para asumir el servicio de alimentación. En infraestructura, persiste el hacinamiento en estaciones de Policía, ya que los entes territoriales no han adecuado espacios temporales ni construido cárceles para sindicados.

Inspección defensorial a ERON

La entidad visitó 20 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, ERON, 16 % del total en funcionamiento, con 33.567 Personas Privadas de la Libertad, PPL y evidenció carencias que impactan de manera directa la dignidad humana y la salubridad: déficit de camastros, insuficiencia de unidades sanitarias en establecimientos con alta concentración poblacional y ausencia de espacios adecuados para garantizar el derecho a la visita íntima.

En la prestación de servicios de salud, además de otros hallazgos, detectó barreras recurrentes en la provisión de servicios: demoras en la autorización de procedimientos, dificultades para la asignación de citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos, como el presentado de manera crónica en La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá.

Persisten insuficiencias en la calidad de la alimentación, las quejas de las PPL sobre este servicio fueron numerosas. El 19,4 % de las audiencias son aplazadas por fallas de conectividad, falta de computadores o inasistencia de jueces.

A través de brigadas hechas por la Defensoría, en solo tres centros fueron identificadas 231 mujeres candidatas a la aplicación de la sustitución de la pena de prisión contemplada en la Ley de Utilidad Pública. Este hallazgo indica la necesidad de aumentar el esfuerzo colectivo con jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para contribuir a que accedan a la justicia y, en particular, al tratamiento penal diferenciado, con enfoque de género y respuestas diferentes a la prisión. Adicionalmente, deben ser priorizados los trabajos restaurativos.

En socialización, los hallazgos dan cuenta de que la participación de la población privada de la libertad en actividades educativas, laborales, culturales y recreativas sigue siendo limitada y desigual. Solo el 34,8 % participa en actividades laborales y el 25,4 % en actividades de estudio. Aún más preocupante, el 70,2 % del trabajo reportado no es remunerado.

Aunque el 45,5 % tuvo servicio de energía ininterrumpido el último mes de la visita defensorial, hecha en el segundo semestre del 2025, el 40 % de los centros visitados tiene cortes de agua.

En infraestructura, el 58,6 % de las personas en los establecimientos visitados cuenta con camastro propio. Sin embargo, en el de Sonsón la cifra cae al 10,5 %. Esta situación obliga a un número significativo de personas a dormir en el suelo, en pasillos o en estructuras improvisadas; lo cual, además de desconocer los estándares constitucionales mínimos, agrava riesgos en salud, seguridad y convivencia.

Un hallazgo especialmente crítico es la ausencia de espacios adecuados para la visita íntima. Solo el 20 % cuenta con zonas específicas destinadas para este fin, pero las condiciones materiales son incompatibles con la dignidad humana, la privacidad y la salubridad.

Hallazgos en CDT

En 55 CDT visitados la Defensoría pudo establecer que la infraestructura pensada para permanencias cortas, no superiores a 36 horas, se está constituyendo en espacios de estancias prolongadas, con déficits considerables en ventilación, luz natural, acceso a recreación. También registró brechas en el acceso al sistema de defensa, información procesal y mecanismos seguros de quejas.

El 82,5 % de las personas lleva más de 36 horas en estas instalaciones y el 15 % superó el año. Esta situación demuestra que persiste una detención indebida. Hay instalaciones precarias, espacios reducidos, ventilación deficiente, iluminación inadecuada y ausencia de áreas separadas para dormir, alimentarse o realizar las necesidades fisiológicas. Tampoco se garantiza la separación entre condenados y sindicados, y entre hombres y mujeres.

La Defensoría comprobó que existen establecimientos sin duchas para el aseo de las personas detenidas. Encontró lugares donde hay un sanitario para 125 personas, lo que contraría la norma técnica que indica que debe haber 1 sanitario por cada 25 personas. Esto refleja la carencia de un acceso regular a servicios básicos de higiene y configura una vulneración directa de la dignidad humana. Adicionalmente, en el 98 % de los CDT los implementos de aseo son suministrados por las familias de las personas detenidas.

En salud, la mayoría no cuenta con personal médico permanente ni con protocolos claros para la atención de urgencias, la provisión de medicamentos o la remisión oportuna a servicios de mayor complejidad. El personal policial que ejerce la vigilancia no cuenta con la capacitación en su profesión para la prestación de estos servicios.

En alimentación, el 11 % de los CDT depende de las familias de las personas detenidas o del comercio informal dentro de las instalaciones, lo que genera desigualdades, riesgos sanitarios y afectaciones al derecho a la alimentación adecuada.

Recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

Con el fin de contribuir al proceso de superación del ECI, la entidad hace sugerencias a las instituciones gubernamentales competentes:

• Sincronización de sistemas. Se requiere la unificación de criterios entre el SISCONPES (aplicativo web del Departamento Nacional de Planeación para gestionar, hacer seguimiento y reportar avances de los documentos CONPES) y el Mapa de Inversiones, pues se identifican discrepancias en los reportes de avance presentados por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

• Humanización de la pena. Es necesario continuar con el proceso de superación del populismo punitivo y avanzar hacia un enfoque de mínima intervención penal.

• Corresponsabilidad territorial. Los territorios deben avanzar en la definición de partidas presupuestales para sindicados en sus Planes de Desarrollo Territorial.

• Reconfiguración presupuestal. Es importante inyectar recursos focalizados para garantizar la cobertura total de camastros y servicios de salud en ERON a corto plazo, así como fortalecer la infraestructura física existente, la cual es antigua y obsoleta.

• Reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). En el marco de la autonomía territorial, el Congreso de la República debería incluir dentro de las partidas de los territorios recursos específicos para el sistema carcelario.

• Transición alimentaria. Es urgente activar planes de contingencia para que el cese de la intervención de la Uspec en los CDT (proyectada para este 2026) no genere conflicto frente al ente que asuma la alimentación de la población detenida preventivamente.

• Sistemas de información robustos y modernos. Es imperativo el diseño e implementación de herramientas tecnológicas para el registro de población en los CDT que sustituyan el precario control manual, el cual impide una visión integral de la densidad poblacional de estos centros.