Frente a los anuncios de la posible llegada del fenómeno de El Niño, la Defensoría del Pueblo advierte que, con o sin la ocurrencia de este hecho climático, el Estado tiene la obligación ineludible de prevenir riesgos y reducir las condiciones de exposición y vulnerabilidad de la población frente a amenazas previsibles y recurrentes.

Colombia es altamente vulnerable a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. Estadísticamente, cerca del 85 % de los eventos generadores de desastres en el país están asociados a factores climáticos, en contraste con un promedio global cercano al 49 %. Esto, sin desconocer la exposición a otros fenómenos como los sismos, tsunamis y las actividades volcánicas, por encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico (una franja de 40.000 km de extensión, con forma de herradura, que concentra un importante número de terremotos en el mundo a causa del movimiento y colisión de placas tectónicas).

Conocida esta condición, no resulta extraño que se presenten eventos peligrosos de manera cada vez más frecuente. Lo imprevisible, en un escenario de cambio, se vuelve previsible. Y dado que los hechos críticos se producen no solo porque la población está expuesta a esos eventos, sino por las condiciones de vulnerabilidad acumuladas históricamente, no es para nada apropiado culpar a las lluvias, al clima, al cambio climático y a la naturaleza de las afectaciones asociadas a los desastres.

La gestión del riesgo es la manera idónea de evitar que el riesgo se convierta en desastre o, por lo menos, de reducir su impacto.

Por lo anterior, y en particular por la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño, la entidad advierte que la ausencia de acciones oportunas para prevenir y mitigar riesgos constituye una grave vulneración de derechos fundamentales, más aún cuando existen herramientas técnicas y científicas que permiten anticipar escenarios peligrosos como consecuencia de dicho evento. Estos hechos pueden agravar problemáticas estructurales del país, como el riesgo de una crisis energética derivada de la disminución en los niveles de los embalses.

Además, sus efectos impactan sectores clave como la agricultura y la ganadería, comprometiendo la seguridad alimentaria y generando presiones adicionales sobre la salud pública, particularmente en contextos de altas temperaturas y escasez de agua. Estos escenarios no son inesperados; por el contrario, son ampliamente estudiados y permiten anticipar riesgos, activar la preparación institucional y adoptar medidas eficaces para proteger a las comunidades.

Por ello, la Defensoría les hace un llamado a las autoridades nacionales y territoriales a fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y la implementación de acciones preventivas que garanticen los derechos a la vida, la salud, el acceso al agua y a los servicios esenciales.

La gestión del riesgo, que incluye medidas de prevención, no puede ser únicamente reactiva con la posible llegada de situaciones de crisis y emergencias, sino también un deber permanente y continuo del Estado y una condición indispensable para la garantía de los derechos de toda la población.