Tras una espera de una década desde la firma del Acuerdo de Paz, la Jurisdicción Agraria será una realidad a partir del 2027. Este avance responde tanto a la decisión de la Corte Constitucional como a la voluntad del Gobierno de saldar una deuda histórica con el campo.

En este contexto, el Gobierno nacional, con la participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, impulsó acciones claves, incluida la presentación de una demanda ante ese alto tribunal para acelerar su implementación. 

“Solo quedan 15 sesiones para que se discuta el proyecto de ley que define el procedimiento especial agrario. La Corte Constitucional, en la Sentencia C-099 del 22 de abril de 2026, exhortó al Congreso a regular de manera urgente las competencias y el procedimiento agrario mediante la aprobación de la ley ordinaria actualmente en trámite, indispensable para completar el desarrollo normativo del Acto Legislativo 03 de 2023”, señaló la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino. 

Igualmente, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, les envió un mensaje a los congresistas: “Esperamos de forma cierta y clara que no solamente la Cámara, como está ratificado en el orden del día de hoy, sino también el Senado de la República dispongan de las facultades para aprobar los procedimientos que hacen falta para el debido funcionamiento de la Jurisdicción de la Reforma Agraria”. 

Hoy, los resultados en materia de acceso a la tierra y resolución de conflictos agrarios marcan una diferencia frente a gobiernos anteriores y abren el camino hacia una justicia más cercana y efectiva para las comunidades rurales.

“La Corte, sobre una demanda que he interpuesto como director de la Agencia Nacional de Tierras, le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura que, a partir del 2027, ponga en vigencia la Jurisdicción Agraria”, afirmó el director Harman.

Cronología

Ante la falta de jueces especializados, la lentitud en los procesos, el director Harman radicó en 2025 un total de 13 demandas que involucran 15 procesos agrarios sobre cerca de 16.400 hectáreas. Todas están en condiciones similares.

El pasado 4 de marzo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director Juan Felipe Harman expusieron ante la Corte Constitucional los argumentos sobre la necesidad y urgencia de que la Jurisdicción Agraria sea puesta en funcionamiento.

Esta solicitud se dio en el marco de la audiencia pública convocada por el alto tribunal para analizar el alcance del artículo 238A de la Constitución Política y estudiar la demanda que presentó la ANT para revisar la constitucionalidad de la fase judicial del procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017.

En esa oportunidad, la ministra y el director solicitaron a la Corte impulsar la creación de la Jurisdicción Agraria para garantizar que jueces especializados decidan sobre conflictos rurales complejos. Asimismo, expusieron las razones por las cuales la Agencia Nacional de Tierras debe mantener sus facultades administrativas para tomar decisiones de fondo en los procesos agrarios orientados a materializar el Acuerdo de Paz.

Procesos estancados

Todas las demandas presentadas desde 2025 se encuentran paralizadas, al no haber superado la etapa de la admisibilidad en su trámite, y, a la fecha, no existe una sola decisión judicial que haya tomado decisiones de fondo sobre procedimientos claves para identificar, recuperar y administrar tierras baldías haciendo uso de las reglas del Decreto Ley 902 de 2017.

Actualmente, la ANT ha cerrado procesos en fase administrativa que superan las 45 mil hectáreas, y se proyecta el cierre de más de 60 mil hectáreas adicionales en lo que resta del 2026. Estos procesos reclaman una pronta solución por ser indispensables para cumplir la meta de 3 millones de hectáreas redistribuidas a través del Fondo de Tierras. 

Cumplimento del Acuerdo Final de Paz

El Acuerdo Final de Paz, firmado a finales del 2016, establece en su Punto 1 que el Estado tiene la obligación de crear la Jurisdicción Agraria para resolver conflictos de tierras de forma rápida y con enfoque territorial con el fin de alcanzar una paz estable y duradera. 

Es por ello que, como lo dice el mismo Acuerdo, se hace indispensable transformar la realidad del campo mediante una justicia especializada que proteja los derechos de propiedad y resuelva el caos jurídico en materia de tenencia de la tierra que históricamente ha alimentado el conflicto armado. 

Por eso, la Jurisdicción Agraria, ahora que la Corte Constitucional le da luz verde, constituye un paso histórico hacia la consolidación de una justicia especializada que lleve paz el campo colombiano, teniendo en cuenta que, a la fecha, el Gobierno Petro ha gestionado alrededor de 770 mil hectáreas,.