En cumplimiento del auto de la Corte Constitucional, entre el 13 de agosto y el 4 de septiembre se realizaron las mesas técnicas de revisión de la UPC 2021-2024, convocadas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

En ellas, ACEMI presentó evidencia técnica sobre el déficit estructural del sistema, frente a la cual el Gobierno insistió en la suficiencia de los recursos y desconoció los hallazgos aportados.

El Ministerio de Salud concluyó las mesas señalando que no es posible realizar ajustes retroactivos a la UPC, al considerar que los cálculos de años anteriores se hicieron con la mejor información disponible y que corregirlos ex post sería premiar la ineficiencia y la mala gestión.

Además, cuestionó la fiabilidad de los estados financieros presentados por las EPS, llegando a afirmar que con ellos habrían inducido a error a la Corte Constitucional. Finalmente, sostuvo que no habrá espacio para mayor financiación del sistema, salvo aquella que provenga directamente de aportes adicionales de empleados y empleadores.

Posición gremial

La Corte ordenó un ejercicio técnico y transparente, no una simulación política. Es inaceptable que el Ministerio haya reducido las órdenes del máximo tribunal a simples opiniones, negando el acceso a bases de datos y bloqueando un debate serio y contrastable.

La evidencia es contundente: el sistema está desfinanciado. Los propios indicadores oficiales muestran que por cada $100 reconocidos por la UPC se gastan $109 en salud, generando un déficit acumulado entre $26 y $33 billones.

Negar esta realidad es cerrar los ojos ante el colapso financiero que ya sienten pacientes y prestadores.

Los pacientes no pueden ser sacrificados. Detrás de cada cifra hay miles de colombianos que esperan tratamientos, medicamentos y atención oportuna. El déficit de la UPC no es un asunto contable, es un drama humano que requiere soluciones inmediatas.

Es fundamental fortalecer la confianza en la información del sistema y no seguir culpando a los demás actores de la crisis. Los estados financieros de las EPS son auditados y vigilados mensualmente por Supersalud y la Contraloría, lo que ofrece garantías de transparencia. Reconocer y respaldar esta información es clave para consolidar la confianza institucional y avanzar en soluciones conjuntas a la crisis.

Adelantar un debate cerrado con argumentos que niegan la crisis financiera del sistema que los actores e instituciones vienen denunciando hace meses es una forma de dilatar una decisión que pide a gritos el sistema y que la Corte ha ordenado corregir de forma perentoria. Cuestionar la confiabilidad de los reportes disponibles es desconocer el estado crítico del sistema, pero sobre todo es poner en riesgo millones de vidas de pacientes colombianos.

El gremio que agrupa a las EPS, anunció que seguirá defendiendo la solvencia del sistema y el mandato de la Corte con cifras y evidencia técnica. 

“Insistiremos ante los órganos de control y el propio tribunal para que se respete la orden de construir una metodología clara, con datos verificables y consensos políticos y jurídicos que garanticen la sostenibilidad del derecho fundamental a la salud”, señaló la presidenta de ACEMI, Ana María Vesga.