Frente a los hechos ocurridos el pasado miércoles en Popayán, acerca del caso de la menor que habría sido presuntamente abusada por agentes de la Policía Nacional y posteriormente fue encontrada sin vida a causa de un suicidio, la entidad expresó que tanto la Policía, como la Fiscalía son instituciones que se deben a la ciudadanía.

Además, refirió preocupación ante la violación a los derechos constitucionales de los ciudadanos, quiénes desde hace más de dos semanas se volcaron a las calles en distintas movilizaciones y actividades en torno al Paro Nacional.

La Misión Electoral en Colombia expuso que, "la Policía y Fiscalía General de la Nación son instituciones que se deben a la ciudadanía, por lo que deben aclarar lo ocurrido y dar a conocer al país los procedimientos y pruebas de los protocolos aplicados durante la detención en la URI el pasado miércoles 12 de mayo". 

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la MOE expresó indignación ante las primeras declaraciones del general Ricardo Augusto Alarcón Campos, comandante regional de la Policía número cuatro, quien inicialmente negó los hechos y calificó el acontecimiento como “falso, vil y ruin”. No obstante, horas después los uniformados fueron separados de sus cargos y los hechos fueron confirmados por la institución. 

Finalmente, la entidad señala que es necesario que casos como estos sean tramitados por la justicia ordinaria y no por la justicia militar.