Pacientes Colombia, organización que agrupa a 200 organizaciones de pacientes de todo el país, en representación de los ciudadanos, expresa su profunda preocupación y rechazo a las recientes decisiones de las EPS intervenidas, las cuales están entregando el manejo de los programas de VIH a la IPS Fundación SIAM, una institución que no cuenta con la capacidad técnica, operativa ni financiera necesaria para asumir esta responsabilidad.

Esta IPS, no reporta los casos ni los indicadores ante la Cuenta de Alto Costo, por lo cual incumple los principios básicos de transparencia y vigilancia en salud. Adicionalmente, ha empezado a modificar de manera arbitraria los esquemas terapéuticos de los pacientes sin sustento médico, obligándolos a regresar a líneas de tratamiento ya utilizadas, lo cual es ineficaz y puede agravar su estado de salud.

Frente a esta situación, Pacientes Colombia pregunta con preocupación: "¿Está la Superintendencia Nacional de Salud instruyendo que todos los programas de VIH de las EPS intervenidas sean manejados por una única IPS? ¿Cuál es el criterio técnico detrás de esta decisión?"

La concentración de estos programas en un solo operador sin los debidos parámetros técnicos y de calidad pone en grave riesgo la vida de las personas que viven con VIH, y abre la puerta a la politización del sistema de salud. ¿Acaso se está ante el surgimiento de un nuevo cartel del VIH?

“Durante su campaña, el actual Gobierno se comprometió a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Sin embargo, quienes viven hoy con VIH enfrentan un escenario opuesto, ya que las personas están muriendo por la pérdida de continuidad en sus tratamientos, deterioro en su salud y la falta de acceso efectivo a servicios de salud dignos y oportunos”, enfatizó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Por ello, desde Pacientes Colombia se exige a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud y Protección Social que actúen de manera inmediata para garantizar la idoneidad de los prestadores, frenar cualquier práctica que ponga en peligro la vida de los pacientes, y restablecer la garantía de atención integral, oportuna y digna para todas las personas con VIH en el país.