El juzgado octavo de garantías de Ibagué luego de escuchar a la defensa del patrullero Andrés Pérez Carvajal,  y al fiscal seccional decreto la libertad inmediata del uniformado.

Pérez Carvajal, se encontraba sindicado de los delitos de Concusión y Prevaricato por Omisión derivado de la supuesta colaboración ocasional con otro patrullero que colaboraba con la banda de  José Alexander Granada Gallón alias ‘El Tigre’.

En ese entonces un juez de garantías expidió una orden de captura contra el patrullero de la Policía Abel Andrés Pérez Carvajal como presunto responsable de los delitos de Concusión y Prevaricato por Omisión.

Según dio a conocer la Fiscalía, el 21 de octubre de 2009, Pérez Carvajal estando de turno en el CAI del Yuldaima detuvo una motocicleta en la que viajaba uno de los lugartenientes de José Alexander Granada Gallón alias ‘El Tigre’, considerado el jefe de sicarios de la banda del ‘Señor de la B’, e inmovilizó el rodante porque no tenía al día el seguro obligatorio de accidentes Soat.

El defensor de Pérez Carvajal,  logro demostrar que su defendido no participo en acto alguno el 21 de octubre de 2009 cuándo se encontraba patrullando las calles del barrio Combeima de esta capital, a lo cual le solicito al juez la libertada inmediata de su defendido, como en efecto lo acepto el juez que presidió la  audiencia.

Pese a que los partícipes en el negocio fraudulento Alexander Granada y el patrullero Jaime Andrés Ángel, reconocieron en la Fiscalía bajo la gravedad del juramento, la forma como sobornaron a Abel Andrés Pérez Carvajal, este testimonio fue desvirtuado en la audiencia.

Aseguraron los implicados que, alias ‘El Tigre’ se comunicó desde su teléfono móvil con el patrullero Jaime Andrés Ángel Gutiérrez y le pidió que le colaborara.

Jaime Andrés Ángel Gutiérrez uniformado que está detenido llamó a su vez a Andrés Pérez y le pidió el favor de devolver la moto, a lo que este respondió que ‘mandara  para la gaseosa”.

Al final de la diligencia ‘El Tigre’ mandó 40 mil pesos con uno de sus empleados alias ‘El Enano’.

Todas las conversaciones estaban siendo grabadas y monitoreadas por la Fiscalía, previa orden judicial.

El patrullero compareció en audiencia ante el juez Francisco Quintana Rojas, que legalizó su captura, en ese entonces.

El fiscal Mario Vicente Mahecha  pidió que se le cobije con medida de aseguramiento, para hacerse efectiva en el penal de Picaleña, pero al final se le concedió el beneficio de la detención domiciliaria.

El uniformado no se allanó a cargos y se enfrento a juicio oral, donde recobro la libertad.