Hoy vuelve a la libertad Carlos José Alvarado Parra, propietario de la cadena de almacenes mercacentro d Ibagué y Espinal. También recobrarán su libertad los demás comerciantes Ibaguereños. El proceso que se les adelanta en su contra se cayó en La Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá.  Los empresarios  se encuentran  recluidos en la cárcel modelo de Bogotá.  Los comerciantes espera que en la mañana de hoy, las directivas de Inpec firmen las boletas de libertad para su regreso a la capital del Tolima..

Desde ayer tarde cuando se conoció la noticia, esposas, hijos y amigos de los empresarios se trasladaron a Bogotá y desde anoche permanecen  en la puerta del centro carcelario  para recibirlos.

Hoy recobrarán la libertad los hermanos Carlos José, Jaime y Gerardo  Alvarado Parra, Camilo Perdomo Perdomo, Benigno Ortiz Durán, Benhur Herrera Valencia, Julio César Silva Soto,  Luz Marina Rico Narváez, Benigno Ortiz Remolina, Compelías Ruiz Chipetecua y Luisa Fernanda Ortiz Villarraga, ësta última cuñada de Eduardo Restrepo victoria ,alias  “el socio” extraditado el  10 diciembre a los Estados Unidos.

Luisa  Fernanda Ortiz Villarraga y Benigno Ortiz, se les había concedió la detención domiciliaria por quebrantos de salud.

Los empresarios Tolimenses fueron capturados el pasado 25 de  marzo por orden de la fiscalía 33 de la Unidad Nacional para lavado de activos y extinción de dominio, mediante allanamientos a 211 bienes que ocuparon la sijin de la policía y la Interpol en la capital del Tolima.

  A los empresarios se les sindica de las presuntas conductas punibles de enriquecimiento ilícito y  testaferrato, es decir que  prestaban sus nombres para adquirir bienes y  manejar dineros  del narcotráfico y de las farc.

La Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá decretó la nulidad del proceso por considerar que la tarea de la vinculación de los procesados tardó mucho tiempo. Esto quiere decir, que el proceso partirá de ceros  pues la nulidad afectó la resolución  de la vinculación a la investigación contra los implicados. 

Hay  que volver a recopilar las pruebas porque los sindicados tienen derecho a preparar su  defensa y ejercer el principio de contradicción.

Consideró la fiscalía Delegada ante el Tribunal de Bogotá, que no era justo que diez años después de tener conocimiento de la información  de esas personas, la fiscalía las vinculara a un proceso.