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  |   23.Enero.2018   |   Por:  

Imputaron nuevos cargos al exalcalde de Ibagué, Luís H. Rodríguez

Aranzalez
El exfuncionario fue acusado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de autor. Todo esto en lo que tiene que ver con las obras del Estadio Manuel Murillo Toro.
Velotax

En audiencia la Juez Octava con función de control de garantías, efectuada en el Palacio de Justicia de esta capital, el exalcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez Ramírez, fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos en calidad de autor, por su presunta participación en el multimillonario desfalco de los Juegos Deportivos Nacionales 2015, solicitud de imputación hecha por la Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué, cargos que al final de la audiencia no aceptó.
Según la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario, hoy interno en la cárcel del municipio del Espinal, exigió dineros a profesionales de la construcción para ser tenidos en cuenta y ayudarlos para que fueran escogidos como contratistas para adelantar los trabajos de remodelación del Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, motivo por el cual, según el ente acusador, la administración Luis H. otorgó el contrato de consultoría 1354 para los estudios y diseños del “Coloso de la 37”, equivalente a 568 millones de pesos, convocatoria de la que Juan Gabriel Triana se hizo responsable, ex Secretario de Planeación y ordenador del gasto.
Este contrato fue entregado al ingeniero Jorge Rugeles, adicionando 232 millones de pesos más, para un total de 811 millones de pesos.
Se conoció que días después empezó a sonar el nombre de Jorge Alberto Pérez, a quien nombró Triana como Director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía, de quien se supo, según Rugeles Bernal, días después de suscrita la consultoría, Pérez le sugirió, contactarse con Humberto Puchetty, arquitecto particular del máximo accionista del club Deportes Tolima, Gabriel Camargo Salamanca, para convenir ciertos diseños especializados, los cuales debían ser cancelados por orden expresa de Luis H. Rodríguez.
Según la Fiscalía, en el testimonio entregado por el ingeniero Rugeles Bernal, al ente acusador, “Rugeles, acató la orden de su supervisor y se decidió reunirse con Puchetty en su apartamento, allí conoció el diseño el cual estaba plasmado en una maqueta, pero después de analizar la propuesta determinó no acogerla, dado que los estudios se encontraban desactualizados y además no contaban con la estructura técnica que se requería.
Luego de desacatar la orden del entonces Alcalde y su Secretario de Infraestructura, el contratista Rugeles, recibió una llamada de Carlos Heberto Ángel Torres, Gerente del Imdri, quien le informó que debía acudir al Club El Nogal en Bogotá, reunión que se efectuó el 25 de septiembre de 2013, para realizar la presentación ante el Gobierno Nacional y el alcalde Luís H. sobre los avances de la obra”.
Dijo Rigoberto Rugeles Bernal, que “al término de la reunión, Luis H, de forma reservada, le preguntó al contratista que cuanta plata le iba a entregar al arquitecto Puchetty por la información preliminar que él tenía, haciendo referencia a los diseños que el arquitecto había adquirido con anticipación. El ingeniero puso al tanto a Luis H. de la situación. Después de una corta charla Rugeles acordó regalarle a Humberto Puchetty 5 millones de pesos como cortesía, por acceder a la reunión, a lo que Rodríguez Ramírez respondió que no tenían nada más que hablar”. 
La historia de la cubierta del Estadio Manuel Murillo Toro inició con la adjudicación del contrato a Germán Buitrago, persona cercana a Luis H, quien le colaboraría por medio de una firma mexicana, quienes se ofrecieron a colaborar con el diseño de la cubierta a cambio de quedarse con el contrato, tal y cómo quedó plasmado en el cruce de un correo electrónico enviado por Rugeles a Buitrago donde se selló el pacto y, según la Fiscalía, fijaron presentar cotizaciones para la construcción de membrana de cubierta por un valor superior al precio del mercado, es  decir, por 2 mil 150 millones de pesos, sobrecosto que tenía que ser repartido entre Rugeles Bernal, Buitrago y el alcalde Luís H. Rodríguez, de quien se logró conocer en audiencia, que exigió el 15 por ciento del valor total del contrato, convenio que no se pudo realizar por razones técnicas y de presupuesto.