Luego de varias semanas de tensión el departamento recibió el fallo del magistrado José Joaquín Urbano quien se abstuvo de imponer medida de aseguramiento contra el gobernador Óscar Barreto Quiroga por los delitos imputados (Prevaricato, Peculado por Apropiación y Celebración Indebida de Contrato) y decretó medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra el exgobernador Fernando Osorio Cuenca por el convenio Andrés Bello al considerar que éste se realizó durante su mandato.

El mandatario comentó “quiero darle gracias a Dios y a la justicia en Colombia, sólo me queda seguir trabajando por el departamento del Tolima, viví momentos difíciles a raíz de malos requerimientos que en su momento había que acatarlos y aceptarlos, tal y como lo hicimos, siempre en el marco del respeto”, apuntó el gobernador luego de conocerse el fallo. 

El reconocido abogado Julio César Montañez manifestó que desde su punto de vista jurídico fue una decisión correcta pues la situación de los dos implicados era distinta y el actual gobernador no celebró, ejecutó ni pagó el convenio por lo cual desde el punto de vista penal no podría ser asegurado por el delito de apropiación a favor de terceros. 

Además explicó que esté delito de cometerse tuvo que hacerse en la administración anterior pues Óscar Barreto solo liquido el convenio como era su obligación, “No puedo entender como la Fiscalía lo vinculó al proceso por este delito, tal vez hubieron podido vincularlo por encubrimiento pero eso no daba para medida de aseguramiento”. 

En cuanto a los errores que se cometieron en el proceso Montañez explicó que la responsabilidad penal solo se presenta cuando además de la irregularidad legal formal hay una intención, es decir dos elementos de violación de la ley, esto no se dio en este proceso por lo cual la argumentación de la Fiscalía era ilógica. 

“En cuanto al delito de celebración indebida de contrato este se podría haber imputado si existiera alguna prueba de que el gobernador con posterioridad a la celebración del convenio hubiera realizado alguna acción para favorecer recursos del Estado a favor del contratista, esto podría haber sido un peculado pero no una indebida celebración de contrato”, explicó el jurista. 

Apunto además que desde el punto de vista jurídico, penal y administrativo  se cometieron errores por parte de la Fiscalía como el de afirmar que el apoderamiento fue del valor exacto del convenio como si este jamás se hubiera ejecutado, indicó que el apoderamiento podría existir pero es absurdo afirmar que es por el total del valor del convenio. 

“Concluir que las pólizas no se hicieron efectivas es un error muy grave, pues éstas se hacen efectivas cuando la entidad considera que el contrato fue incumplido pero si la entidad consideró que el contrato se cumplió no tenía por qué iniciar un proceso para hacerlas cumplir, reconozco que este tipo de convenios son cuestionables incluso cuando me piden un concepto recomiendo que no se hagan, pero hay conceptos que permiten realizarlos”, afirmó Montañez. 

El abogado aseveró que con la legislación que se está produciendo y el aumento de penas está alejando a “los  hombres grandes y decentes de los puestos públicos pues sus acciones siempre van a ser interpretadas por algunos como una violación de una ley o norma constitucional y terminarán destituidos o con medidas de aseguramiento. Un alcalde o un gobernador no puede estar al tanto de los detalles de actos como la liquidación de un contrato que son puramente técnicos tanto del interventor como del abogado, ellos se someten a lo que les proyectan los asesores pero los investigadores nunca miran esta condición y le imputan siempre los actos irregulares al jefe de la entidad”. 

Montañez expresó que los corruptos son quienes más pendientes están de las leyes pues son muy hábiles para violarlas y acomodan todo de manera que se vea transparente, sin embargo un gobernante que no lo es está preocupado de ejecutar las obras y a veces termina cometiendo errores que los llevan a la cárcel.