Álvaro Fernando Ospina Pinto, funcionario que se desempeña como inspector de Policía, acudió a la Fiscalía General de la Nación luego de conocer información sobre un supuesto plan para atentar contra su vida, situación que relaciona con los procedimientos de recuperación del espacio público adelantados en el barrio Belén.

De acuerdo con el documento de denuncia, recibido por la Fiscalía el 13 de octubre de 2026, los hechos estarían relacionados con un operativo realizado el pasado 8 de octubre en el parque principal de Belén y sus alrededores. En la jornada participaron funcionarios de la Gestora Urbana y uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Según el relato del denunciante, la intervención tenía como propósito recuperar zonas ocupadas por estructuras y puestos de venta de alimentos y otras actividades comerciales. El funcionario aseguró que estas actuaciones hacían parte de las labores institucionales para promover la formalización de los vendedores y garantizar el cumplimiento de las normas sobre uso del espacio público.

En su denuncia, Ospina Pinto manifestó que durante el procedimiento una mujer habría cuestionado la actuación de las autoridades y proferido expresiones en su contra, además de intentar obstaculizar el desarrollo de la diligencia. El documento señala que este episodio habría generado inconformidad entre algunos vendedores presentes en el sector. Pinto identifica a esta persona como, Yineth Carolina Jiménez González, colaboradora de la Secretaría de Educación de Ibagué,

Sin embargo, el hecho más delicado habría ocurrido días después. El funcionario afirmó que una persona de su confianza le informó sobre comentarios que presuntamente hicieron varios individuos durante un recorrido en vehículo. Según la versión consignada en la denuncia, uno de ellos habría expresado que el inspector se había metido con quienes vendían arepas y manejaban inflables, y que a una persona como él había que eliminarla.

De acuerdo con el documento, durante esos comentarios también habrían mencionado que conocían los lugares que frecuentaba el funcionario y dónde vivía. Ospina Pinto aseguró que esta información le generó temor por su integridad y la de su núcleo familiar, por lo que decidió acudir ante las autoridades para poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

El denunciante indicó que no conoce la identidad de la persona o de las personas que estarían detrás de las presuntas amenazas. Aunque manifestó sospechas sobre individuos que habrían estado relacionados con el operativo de recuperación del espacio público, esta referencia corresponde a su declaración y no constituye una identificación comprobada de los responsables.

El funcionario solicitó una medida de protección y señaló que anteriormente habría recibido amenazas en cuatro ocasiones. También indicó que las intimidaciones estarían relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas y con las intervenciones institucionales que se adelantan para recuperar espacios ocupados irregularmente.

La denuncia quedó en conocimiento de la Fiscalía, que deberá establecer si las amenazas ocurrieron, identificar a los posibles responsables y determinar las circunstancias en las que se habrían producido.