La captura del alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y del exalcalde Miller Aldana está relacionada con una investigación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos que suman $21.550 millones destinados a la construcción de unidades sanitarias en zonas rurales del municipio.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la investigación permitió obtener órdenes de captura contra los dos mandatarios y una contratista, señalada de haber sido presuntamente beneficiada con el direccionamiento de algunos de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

El expediente está relacionado con un contrato de obra y dos contratos de interventoría cuyo objeto estaba relacionado con la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco. Los contratos cuestionados fueron suscritos entre junio y agosto de 2022.

La Fiscalía sostiene que los tres capturados, al parecer, se habrían articulado para direccionar dichos contratos. El proyecto tenía una financiación de $21.550 millones provenientes de regalías y, según el ente investigador, permanece inconcluso.

Los recursos fueron gestionados en el marco de la condición de Ataco como municipio incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), situación que permitió acceder a recursos del Sistema General de Regalías mediante el OCAD Paz para financiar proyectos destinados a las comunidades rurales.

Las detenciones fueron realizadas por servidores de la Dijín de la Policía Nacional mediante procedimientos adelantados en Ataco, Tolima, y Florencia, Caquetá, luego de que un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción obtuviera las respectivas órdenes de captura.

Ahora, la Fiscalía anunció que presentará a los tres capturados ante un juez de control de garantías. En esas diligencias, el ente investigador solicitará la imputación, de acuerdo con la posible responsabilidad individual, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado.

Tras conocerse el procedimiento, Héctor Fabio Muñoz manifestó que fue notificado de la captura en su residencia y aseguró que el proceso está relacionado con un contrato de unidades sanitarias correspondiente a la administración anterior. El mandatario sostuvo que está dispuesto a responder ante la justicia y pidió que las pruebas sean valoradas con rigor e imparcialidad.

La situación jurídica de los capturados deberá definirse en las audiencias ante el juez de control de garantías. Las acusaciones formuladas por la Fiscalía corresponden a una investigación en curso y la captura o imputación no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal.