¡Atención! Revelan avance en proceso judicial de la madre de Mía Cataleya
La muerte de una bebé de apenas seis meses terminó convirtiéndose en un proceso penal contra su propia madre. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a una mujer de 22 años, a quien señala de presuntamente haber incumplido el deber de cuidado y protección de la menor.
El caso se remonta al 14 de mayo, cuando, según la investigación, la niña comenzó a presentar síntomas respiratorios. Durante los días siguientes su estado de salud habría empeorado, sin que fuera llevada oportunamente a un servicio médico.
La situación llegó a un punto crítico el 26 de mayo, cuando, ante la insistencia de terceros y el deterioro de la bebé, la madre habría acudido finalmente a un hospital de El Espinal.
Para ese momento, la menor presentaba un cuadro de gravedad que incluía episodios prolongados de fiebre y convulsiones, por lo que los médicos determinaron que debía ser trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad en Ibagué.
Sin embargo, la bebé murió al día siguiente, el 27 de mayo.
Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la causa del fallecimiento fue una neumonía que desencadenó un shock séptico.
Para la Fiscalía, el deterioro progresivo de la salud de la menor y la falta de una atención médica que, según el ente investigador, debió producirse con anterioridad, serían elementos que permitirían atribuir a la madre un presunto incumplimiento de sus obligaciones de cuidado y protección.
Por esta razón, la mujer fue acusada formalmente como posible responsable del delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.
La procesada ya se encontraba privada de la libertad desde el 4 de junio, cuando fue judicializada por estos hechos, y actualmente permanece recluida en un establecimiento carcelario.
Ahora deberá enfrentar la etapa de juicio, en la que la Fiscalía tendrá que presentar y sustentar las pruebas con las que busca demostrar su teoría del caso. La responsabilidad penal de la acusada deberá ser determinada por la justicia al finalizar el proceso.