Un panfleto con amenazas contra funcionarios del Inpec encendió las alarmas en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Picaleña, en Ibagué. El documento, fechado el 30 de julio de 2026 y cuya autenticidad todavía no ha sido confirmada, pone bajo preocupación a la dirección del establecimiento y al personal de custodia.

El escrito, que aparece atribuido por sus autores a un grupo denominado MAGO, menciona directamente a la directora del penal, Mónica Pórtela, y a las funcionarias Adriana Santos, Lina Ortegón y Leidy Acosta. En el documento se formulan señalamientos sobre supuestas irregularidades que estarían ocurriendo al interior de la cárcel.

Entre las acusaciones aparecen presuntos actos de corrupción, supuestas anomalías relacionadas con traslados de personas privadas de la libertad y un supuesto control de algunos patios del establecimiento. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente y hacen parte del contenido que deberá ser investigado.

El panfleto también menciona a un interno conocido con el alias de “Mateo”, a quien sus autores relacionan con una supuesta compra del control de algunos patios. De igual manera, hace referencia a un supuesto procedimiento realizado en el patio 31 que, según el documento, habría sido utilizado para facilitar el traslado de internos.

Pero el contenido que más preocupa a las autoridades son las amenazas directas contra el personal penitenciario. En el escrito, varios funcionarios del Inpec son señalados como “objetivo militar” y se advierte sobre posibles acciones violentas si no se cumplen determinadas exigencias planteadas por quienes elaboraron el documento.

La situación fue confirmada por Alejandro Durán, vocero del Inpec en el Tolima, quien informó que las directivas del establecimiento presentarán la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Será esta entidad la encargada de establecer la autenticidad del panfleto, determinar su origen y verificar si las amenazas tienen sustento.

La preocupación no se limita a los funcionarios que aparecen mencionados directamente. Según explicó el vocero, el riesgo podría extenderse a los más de 600 servidores que trabajan en el complejo penitenciario, por lo que se considera necesario reforzar las medidas de seguridad alrededor del personal.

Desde el Inpec también se anunció una investigación interna para verificar cada uno de los señalamientos contenidos en el documento y establecer si existe algún elemento que permita corroborarlos o si, por el contrario, se trataría de una estrategia de intimidación contra la institución y sus funcionarios.

Uno de los puntos de mayor preocupación corresponde a los momentos de ingreso y salida de los trabajadores del penal, considerados escenarios de especial vulnerabilidad. Mientras avanzan las investigaciones, se espera que las autoridades determinen quién está detrás del panfleto y si las amenazas representan un riesgo real para los funcionarios de Picaleña.