El municipio de Ataco se convirtió en el epicentro de una intervención directa del Estado frente al avance del multicrimen asociado a la minería ilegal. La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Iannini, confirmó la llegada de una Fiscalía especializada de alto nivel, dejando claro que el objetivo no es verificar la situación, sino actuar con resultados concretos.

Según las autoridades, la problemática ha escalado a niveles críticos, pasando de lo que se consideraba minería artesanal a un entramado criminal complejo en el que confluyen grupos armados al margen de la ley, bandas delincuenciales organizadas y redes ilegales que financian la violencia en esta zona del sur del departamento. La extracción ilícita de oro se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiación de estas estructuras.

El impacto ambiental también es alarmante. Se ha evidenciado la presencia de maquinaria pesada que está devastando ecosistemas, con ríos contaminados por sedimentos y mercurio, lo que afecta directamente a las comunidades. Además, se han denunciado presiones de actores ilegales sobre la población civil, e incluso asonadas de más de 500 personas, presuntamente utilizadas como escudos humanos para frenar operativos de la Fuerza Pública.

Con la llegada del grupo élite, la estrategia cambia de manera significativa. Las acciones ya no se centran únicamente en la incautación de maquinaria, sino en la judicialización de los responsables y en el desarrollo de investigaciones estructurales que permitan desmantelar las redes criminales y atacar sus finanzas.

Las autoridades señalaron que esta intervención busca enviar un mensaje contundente: el Estado no permitirá que estructuras ilegales continúen controlando el territorio ni que los delitos ambientales queden en la impunidad. El objetivo es recuperar el control institucional, proteger los recursos naturales y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas.

Con este operativo, el sur del Tolima entra en una nueva fase en la lucha contra el multicrimen, en la que se espera una acción más directa, sostenida y con resultados judiciales de fondo.