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Piden esclarecer muerte de interno tras grave episodio dentro de penal en Ibagué

La denunciante asegura que había solicitado protección ante presuntas agresiones.
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coiba
13 Feb 2026 - 14:34 COT por Ecos del Combeima

Un testimonio entregado por una madre abrió interrogantes sobre lo ocurrido al interior del Complejo Carcelario y Penitenciario COIBA de Picaleña, en Ibagué, luego de que su hijo, de 30 años, falleciera tras sufrir quemaduras mientras se encontraba privado de la libertad desde 2023.

La mujer relató que, en repetidas ocasiones, su hijo le manifestó que estaba siendo víctima de agresiones dentro del establecimiento. Según su versión, incluso habría sido forzado a tatuarse en el rostro los nombres de sus familiares bajo amenazas. Ante esa situación, aseguró que acudió a distintas entidades para solicitar medidas de protección y un eventual traslado.

De acuerdo con su relato, el 9 de agosto de 2023 esperaba avances frente a esas solicitudes, pues tenía conocimiento de una visita institucional programada. Sin embargo, esa misma noche recibió una llamada en la que le informaron que su hijo había sufrido una quemadura dentro del penal, inicialmente descrita como leve.

La familia viajó de inmediato a la ciudad, pero, según indicó, solo pudo verlo hasta el día siguiente en el centro asistencial, donde lo encontró intubado, en coma y con quemaduras que comprometían gran parte de su cuerpo. La explicación que, al parecer, recibió fue que el interno se habría causado las lesiones con una colchoneta, versión que ella rechaza.

La madre sostuvo que horas antes había hablado con su hijo y lo notó tranquilo y con expectativas frente a su proceso, por lo que duda de que se tratara de un intento por quitarse la vida. Tras lo ocurrido, afirmó que empezó a conocer otros episodios violentos dentro del mismo penal que, según dice, también habrían terminado en muertes en circunstancias poco claras.

Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades competentes para que se investigue de manera rigurosa lo sucedido, se determinen responsabilidades y se adopten medidas que garanticen la integridad de las personas privadas de la libertad y la tranquilidad de sus familias.