La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez de control de garantías al exalcalde de El Espinal, Mauricio Ortiz Monroy, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación del servicio de transporte escolar rural, en hechos ocurridos en 2012.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima le imputó al actual diputado del Tolima, el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que el exmandatario no aceptó durante la audiencia concentrada.

De acuerdo con la investigación, el entonces alcalde habría contratado de manera directa a una empresa para garantizar el traslado de 410 estudiantes de 18 veredas hasta el casco urbano del municipio para cumplir su jornada académica. Entre las comunidades beneficiadas figuraban Dindalito, Centro, Unión, Sena, La Joya, La Caimanera, Guadalejo, Guayabal, La Morena Parte Alta, Coyarco, Tarula, Puerto Peñón, Canastos, Minuto de Dios, Agua Blanca, Delicias y Santa Ana.

Según el ente acusador, el contrato superaba los 28 millones de pesos, valor que excedía la mínima cuantía permitida para contratación directa. Por esta razón, el proceso debía adelantarse bajo la modalidad de selección abreviada, garantizando los principios de transparencia y pluralidad de oferentes.

En el expediente también obra una certificación de la Dirección Territorial Tolima del Ministerio de Transporte, en la que se señala que al menos dos empresas estaban habilitadas para prestar el servicio en la región, con sede en El Espinal y Purificación, lo que —según la Fiscalía— evidenciaría que sí existía competencia en el mercado para realizar un proceso objetivo.

El proceso judicial continúa su curso y será un juez de la República quien determine la responsabilidad del exmandatario en este caso que vuelve a poner bajo la lupa la contratación pública en el sur del Tolima.