Un nuevo capítulo de tensión social se vive en el municipio de Alpujarra, Tolima, tras el desalojo de decenas de familias que permanecían en un predio ocupado desde hace varias semanas. Aunque el proceso había iniciado bajo la vía del diálogo, la comunidad denuncia que la intervención terminó en un violento operativo.

Es de recordar que la Alcaldía Municipal, encabezada por David Tovar Guerrero, venía adelantando conversaciones con cerca de 30 familias, algunas de ellas foráneas, que ocuparon de manera irregular un terreno público ubicado en el barrio Cantadelicias.
Según el mandatario, desde finales de agosto se activaron los protocolos institucionales para atender la situación, con presencia de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario.

El propio alcalde visitó la zona el 2 de septiembre, acompañado por funcionarios de la Inspección de Convivencia y Paz y la Comisaría de Familia, con el fin de abrir espacios de diálogo. Posteriormente, el 4 de septiembre, el Secretario de Gobierno continuó las conversaciones reiterando que el municipio reconoce las necesidades de vivienda, pero que la ocupación ilegal de predios no es el camino.
De acuerdo con la administración local, se llevaron a cabo cuatro jornadas de diálogo con acompañamiento del ICBF y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de garantizar un procedimiento pacífico y respetuoso de los derechos humanos.

Sin embargo, en las últimas horas el proceso culminó con un operativo de desalojo ejecutado por la Unidad de Control de Disturbios de la Policía Nacional, que terminó generando denuncias por presunto abuso de autoridad. Los ocupantes del predio aseguran que durante la intervención hubo golpes, destrucción de viviendas improvisadas y pérdida de pertenencias, afectando a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y víctimas del conflicto armado.

“Hoy Alpujarra duele. Nuestra gente fue golpeada y maltratada, las viviendas destruidas y las voces silenciadas”, manifestaron algunos afectados, quienes pidieron la intervención urgente de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la ONU Derechos Humanos y demás organismos garantes.

Hasta el momento, ni la Alcaldía ni la Policía del Tolima se han pronunciado oficialmente sobre los hechos denunciados. Entre tanto, la comunidad exige una investigación rigurosa que determine si existieron excesos durante el operativo y solicita medidas urgentes para la protección de las familias campesinas que quedaron sin techo.