El abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que se imputen cargos a la rectora y a varios docentes del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá (Cundinamarca), por el presunto delito de homicidio en la modalidad de graves omisiones.

Según la defensa, los directivos y profesores tendrían responsabilidad directa en el caso por no garantizar la seguridad de la menor, quien desapareció el pasado 12 de agosto en inmediaciones de la institución educativa y fue hallada sin vida 18 días después a orillas del río Frío.

“Nosotros, como representantes de víctima, le hemos sugerido a Manuel, padre de Valeria, que tenemos que alcanzar la verdad, la justicia y la reparación, que es un derecho que ellos tienen”, expresó Quintana.

El abogado explicó que la estrategia de la defensa seguirá dos líneas de investigación: la primera, encaminada a determinar las presuntas omisiones de las directivas del colegio, y la segunda, a establecer la posible participación de un tercero en la desaparición y posterior muerte de la niña. Asimismo, pidió a la Fiscalía recaudar pruebas y practicar muestras a funcionarios de la institución con el fin de determinar si existe responsabilidad penal.

De igual forma, anunció que recomendará a la familia interponer una demanda civil contra el colegio por los daños y perjuicios ocasionados. “La sugerencia es que exploremos el camino de una demanda civil para reclamar los daños que la actitud omisiva le causó a la familia. Obviamente, esta decisión descansará en lo que la familia pueda acordar”, agregó.

El caso de Valeria generó conmoción en Cajicá y en todo el país. Su desaparición motivó caminatas, plantones y manifestaciones ciudadanas en exigencia de su búsqueda y de justicia. La Gobernación de Cundinamarca ha manifestado que es “improbable” que el cuerpo haya permanecido en el sitio donde finalmente fue encontrado, pues en esa zona ya se habían realizado múltiples inspecciones.

La familia insiste en que el caso no puede quedar en la impunidad y confía en que las nuevas actuaciones judiciales permitan esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.