El líder social del municipio de Coello, Andrés Felipe Ramos, denunció públicamente que su hijo de tan solo ocho meses de edad fue retirado de su entorno familiar sin que hasta la fecha les hayan informado sobre su paradero o estado de salud.

Según relata, el procedimiento se habría ejecutado por presuntos motivos de violencia intrafamiliar, pero sin que mediara una explicación clara, ni se garantizara el derecho de los padres a conocer el destino del menor.

La dramática situación ocurrió el pasado viernes 11 de julio, cuando el bebé fue retirado de la casa de la abuela materna por funcionarios que, al parecer, actuaban bajo la coordinación de la Comisaría de Familia de Coello, dirigida por la doctora Paola Andrea Cardoso Barrero. Desde entonces, tanto Ramos como su pareja, Nicol Sofía Agudelo Montoya, aseguran que no han vuelto a ver a su hijo, ni han recibido información oficial sobre su ubicación.

“Han pasado más de 10 días y no sabemos si ha comido, si ha dormido, si está bien. Nuestro hijo necesita de su familia, de su hogar, de su madre… Necesita ser amamantado, recibir amor, calor, cuidados”, expresó con profunda angustia el denunciante, quien pidió la intervención urgente de organismos de control y de derechos humanos.

Según la versión de los padres, el retiro del menor estaría relacionado con una denuncia previa de violencia intrafamiliar que la madre del niño interpuso ante la Comisaría de Familia, y de la cual —afirman— ya se venían realizando acercamientos para resolver la situación como pareja, sin que eso afectara el bienestar de su hijo.

“Nos equivocamos como pareja, sí, pero no como padres. Siempre hemos sido responsables con él. Nunca lo hemos descuidado. Lo que pedimos es apoyo, no persecución”, agregaron.

La madre del menor, visiblemente afectada, también elevó su voz para reclamar lo que considera una separación injusta:

“Nuestro hijo es un bebé canguro, nació prematuro, tiene apenas ocho meses. Necesita del calor de sus padres. No sabemos si necesita algo, si está bien… sólo queremos volver a verlo, abrazarlo, acompañarlo mientras crece”.

Además del drama familiar, el líder social advirtió que esta situación podría tener trasfondo político o personal, y estar relacionada con su activismo en el municipio. Indicó que en menos de 15 días recibió dos comparendos, una multa cercana a los $11 millones por un proceso administrativo y, ese mismo día, le retiraron a su hijo.

“No puede ser coincidencia. Me sancionan y al mismo tiempo me quitan a mi hijo. No lo acepto como una simple medida de protección, aquí tiene que haber un seguimiento con personas imparciales”, denunció Ramos.

Ambos padres reiteraron su disposición a cumplir cualquier requerimiento institucional para recuperar la custodia del menor, pero solicitaron que mientras se resuelve la situación legal como pareja, se les permita tener algún contacto con su hijo o que este permanezca, al menos, en el entorno familiar con sus abuelos o tíos.

“Estamos aquí no porque queramos estar, sino porque estamos reclamando los derechos de nuestro hijo. Queremos una familia. Queremos que vuelva a casa”, concluyó el padre con la voz entrecortada.