El accidente registrado en la mañana de este viernes en el barrio Jordán Segunda Etapa de Ibagué continúa generando inquietudes. El conductor señalado de embestir a una motociclista sería Joan Sebastián Rodríguez Rocha, agente adscrito a la Secretaría de Movilidad, quien, según testigos, se encontraba en presunto estado de alicoramiento al momento del hecho.

El vehículo implicado es un automóvil de placas NYZ-200. Tras el accidente, se indicó en el sitio que el conductor sería trasladado a la clínica Asotrauma para la práctica de la prueba de alcoholemia. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no había confirmación oficial de que dicho procedimiento se hubiera realizado, lo que genera dudas sobre el debido cumplimiento del protocolo.

Frente a esta situación, Luis González, representante legal de la firma LFG Asesores Jurídicos, en diálogo con Ecos del Combeima, advirtió sobre posibles irregularidades: “Hay que pedir claridad frente a la hora en la que se elaboró la prueba y el tiempo que se dejó correr entre la ocurrencia del hecho y su aplicación. Si no se presenta a tiempo, puede ser sancionado con el mayor grado de alcoholemia, que sería grado tres, y la mayor multa, que son 45 millones de pesos, además de la suspensión inmediata de la licencia”.

González también manifestó preocupación por la presencia de varios agentes en la clínica: “Observo cuatro o cinco agentes de tránsito en Asotrauma, algunos de civil. Aquí hay algo extraño. ¿Van a cumplir el procedimiento o a ver cómo favorecen a su compañero?”. Aseguró que el protocolo exige solo dos funcionarios para la prueba: quien opera el equipo y quien firma el acta, por lo que consideró excesivo el despliegue.

El representante concluyó que el proceso debe seguir su curso con transparencia, aplicando la ley sin privilegios, especialmente tratándose de un funcionario público. “La norma está para cumplirse. No se puede permitir que por ser agente de tránsito se obvien los procedimientos que se aplicarían a cualquier otro ciudadano”, puntualizó.