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A la cárcel fueron enviados 11 integrantes de red que vendía armas a disidencias de las Farc en el Tolima y otros departamentos

Según las investigaciones, los integrantes de esta red robaban armas, explosivos y municiones de batallones en Bogotá, del Fuerte Militar de Tolemaida y hasta de la sede de Indumil en Soacha.
Imagen
Capturados Armas
Crédito
Fiscalía General de la Nación
18 Jun 2025 - 6:26 COT por Jhon M Moreno

Una banda criminal integrada por militares activos, retirados y civiles con fachada legal, fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación, tras descubrir que comercializaban armamento y municiones que terminaban en manos de disidencias de las Farc y bandas delincuenciales urbanas.

Según las investigaciones, los integrantes de esta red robaban armas, explosivos y municiones de batallones en Bogotá, del Fuerte Militar de Tolemaida y hasta de la sede de Indumil en Soacha (Cundinamarca). El material bélico era entregado a estructuras armadas ilegales que operan en Tolima, Cauca, Meta y Arauca, así como a organizaciones del crimen urbano en Bogotá.

El grupo delictivo también utilizaba salvoconductos vencidos para engañar a comerciantes legales y adquirir municiones para armas de uso personal.

Entre los judicializados están: Jhon Alexander Salgado Osorio, soldado profesional del Ejército, señalado de sacar armamento y explosivos de los batallones. Alberto Hernando Orozco Salcedo, intendente pensionado de la Policía, quien sería uno de los cabecillas, encargado de reclutar a otros con acceso a armamento en Indumil.

Igualmente 9 personas identificadas como: Luis Eduardo Urueña Díaz, Henry Mosquera Ramírez, Homes Bastidas Ardila, Bernardino Wilches Vargas, Jaime Humberto Puentes Puentes, Jairo Enrique Valenzuela Ramírez, David Bustos Vanegas, Yesi Lenin Molano Santamaría y Katerine Celeste Baquero González.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó cargos por: Concierto para delinquir agravado, Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias.

Siete de los capturados aceptaron los cargos y todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.