Autoridades y sectores políticos de Ibagué y el Tolima condenan atentado contra el senador Miguel Uribe y exigen justicia
El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, fue víctima de un atentado este sábado en la tarde, durante un mitin político en el barrio Fontibón (Modelia), en Bogotá .
Durante el ataque, Uribe recibió varios disparos (en cabeza y tórax) y fue trasladado primero al Centro Médico Engativá y luego a la Fundación Santa Fe, donde se le realizó una compleja cirugía neuroquirúrgica; permaneció en estado crítico, aunque la familia informó que salió de quirófano en "buen estado" cerca de la 1 a. m. de este domingo.
El ataque contra Uribe Turbay ha movilizado a autoridades locales, como la alcaldesa y la gobernadora del Tolima, y a congresistas, quienes han pedido una respuesta contundente por parte del sistema judicial. Se han priorizado las investigaciones, se ofrecieron millonarias recompensas y se está en alerta ante el riesgo de una escalada política-violenta en un contexto electoral.
Reacciones y pronunciamientos
Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, condenó y “rechazó con toda la fuerza de sus convicciones este acto cobarde de violencia”, expresando su solidaridad con el político, su familia y su equipo.
Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, calificó el ataque como “canalla”, resaltando que politizar no debe equivaler a violencia física, y deseó pronta recuperación .
Martha Alfonso, representante a la Cámara, enmarcó el hecho como un retroceso violento y sostuvo: “La política debe ser debatida entre ideas, no entre balas”.
Carlos Reyes, diputado del Tolima, expresó que las “fuerzas oscuras” no impondrán un régimen del terror y exigió la captura de actores intelectuales y materiales responsables.
Reacciones nacionales e internacionales
El presidente Gustavo Petro describió el ataque como un golpe a la democracia y declaró su solidaridad con Uribe y su familia.
Igualmente, el exsecretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, lo calificó como “una amenaza directa a la democracia” y pidió moderación en el discurso político.
Acciones de las autoridades
Tras el atentado, se ordenó investigación inmediata por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía, quienes ofrecieron una recompensa de 3.000 millones de pesos por información sobre los posibles responsables. Se busca identificar y capturar a cualquier actor intelectual que esté detrás de la cadena del atentado .
Este atentado revive el fantasma de los magnicidios de finales de los 80 y principios de los 90 (como los de Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro), avivando la preocupación por una posible reaparición de la violencia política sistemática durante el actual y polémico periodo de gobierno en Colombia.
