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IBAGUÉ - COLOMBIA, 09.Mayo.2021
  |   01.Febrero.2020   |   Por:  
Miguel Angel Figueroa

Exfuncionaria de un Juzgado y su pareja sentimental en Ibagué fueron enviados a la cárcel

Crédito: 
Suministrada por la Fiscalía
La pareja fue acusada por una presunta estafa a 19 personas bajo la modalidad de falso remate de inmuebles. Los indiciados fueron detenidos en Ricaurte (Cundinamarca) por miembros del CTI  de la Fiscalía. 
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Se trata de Cindy Paola Rodríguez Robayo de 27 años y Cristhian Camilo Conde García de 32 años años de edad, quienes fueron capturados en las últimas horas por funcionarios de policía judicial de la Fiscalía seccional Tolima, con el apoyo del Ejército Nacional en Ricaurte (Cundinamarca), haciendo efectiva una orden judicial que pesaba en contra de estas dos personas. 

Según las autoridades, la pareja es señalada como responsable del delito de concierto para delinquir con fines de estafa, en concurso con estafa agravada. De esta conducta ilícita habrían sido víctima cerca de 19 personas.

La mujer quien es abogada y trabajó hasta el año pasado como asistente judicial en un Juzgado civil de Bogotá, junto con su esposo habría aprovechado su condición y cargo para estafar a ciudadanos de Ibagué y el municipio caldense de La Dorada. 

Aparentemente estas personas ofertaban supuestos apartamentos que se encontraban en proceso de remate por parte del Juzgado donde ella laboraba, haciendo creer que los inmuebles estaban ubicados en un reconocido conjunto residencial de la capital tolimense.

Según las pesquisas, varios de los afectados son familiares directos de Conde García, quienes incautos creyeron en sus promesas por la cercanía y la confianza que les tenían.

Para hacer efectivo el negocio, les pedían diferentes sumas de dinero que oscilaban entre los dos y los nueve millones de pesos como cuota inicial.

Los capturados tomaron supuestamente en arriendo cerca de ocho apartamentos, los cuales mostraban a sus víctimas y así hacían más creíble su historia, convenciendo a las víctimas para realizar las consignaciones a sus cuentas personales. 

Posteriormente dilataban el negocio hasta evadir a las víctimas con supuestos plazos de entrega, para finalmente desaparecer sin dejar rastro.

En la diligencia de imputación ninguno de los dos aceptó los cargos, pero aún así fueron afectados con medida de aseguramiento en las instalaciones de un centro carcelario.