¿Puede reactivarse el proyecto minero La Colosa en Cajamarca?
Tras el anuncio del Gobierno Nacional durante la Milagro Week, en Nueva York, sobre inversiones superiores a los 600 millones para Cajamarca, volvió a surgir el interrogante sobre el futuro de La Colosa. Aunque no se confirmó que los recursos estén destinados a este proyecto, la participación de Mineros S.A. reavivó las suspicacias frente a una eventual reactivación, especialmente por los múltiples obstáculos jurídicos y ambientales que todavía enfrenta la iniciativa.
Robinson Mejía, integrante del Comité Ambiental y Agrario de Cajamarca, cuestionó el anuncio y advirtió que, más allá de la voluntad del Gobierno y el interés empresarial, La Colosa no cuenta actualmente con los permisos ambientales necesarios para desarrollar actividades mineras.
"Hay que aclarar que el proyecto minero La Colosa, hoy propiedad de Mineros S.A., no tiene ningún permiso ambiental para desarrollar actividades mineras en este momento. Esto hay que dejarlo muy claro, porque se ha dejado en la opinión pública la idea de que podrían desarrollar actividades en cualquier momento, y eso carece de cualquier justificación", señaló.
Según explicó, el proyecto se encuentra en medio de dos figuras de protección ambiental que representan importantes restricciones, por un lado, el complejo de páramos Los Nevados, donde la minería está prohibida, y por otro, la Reserva Forestal Central, de la que se deben sustraer previamente las áreas donde se pretenda desarrollar cualquier actividad minera.
Precisamente, este último trámite ha sido negado por el Ministerio de Ambiente en dos oportunidades, en 2017 y nuevamente hace aproximadamente dos años. Estas decisiones llevaron a la compañía, que anteriormente operaba bajo el nombre de AngloGold Ashanti y hoy tiene los derechos del proyecto a través de Mineros Tolima S.A.S., a iniciar acciones judiciales contra la cartera ambiental.
"Este permiso ha sido negado tanto en 2017 como hace aproximadamente dos años por el Ministerio de Ambiente. Por tal motivo, la empresa demandó a esta cartera. Lo que va a suceder es que, hasta tanto no se resuelva este litigio, no se pueden solicitar nuevas sustracciones de la reserva forestal en Cajamarca para este proyecto", explicó Mejía.
Pero este no es el único frente jurídico, en 2018, Cortolima retiró varios permisos menores que tenía la compañía para desarrollar actividades relacionadas con el proyecto, entre ellos concesiones de agua y permisos de vertimientos; la empresa también acudió a los estrados judiciales para controvertir esta decisión y, según el ambientalista, todavía no existe un fallo definitivo del Consejo de Estado.
A este escenario se suma la consulta popular de Cajamarca de 2017, en la que la ciudadanía rechazó los proyectos y actividades mineras en el municipio. Mejía sostuvo que esta decisión continúa teniendo vigencia jurídica y recordó que existen dos fallos de juzgados administrativos del Tolima que respaldan esta posición.
"Hoy la minería en Cajamarca está proscrita. El mismo Ministerio de Ambiente ha reconocido que las actividades mineras posteriores al año 2017 no tienen un sustento jurídico, porque al día de hoy la consulta popular sigue vigente. Tanto así que hay dos fallos judiciales de juzgados administrativos del Tolima que sostienen esta decisión", aseguró.
Para el integrante del Comité Ambiental, todos estos antecedentes dejan una pregunta de fondo sobre el anuncio realizado en Nueva York, ¿cómo pretende el Gobierno Nacional impulsar inversiones mineras en Cajamarca cuando todavía existen controversias judiciales y restricciones ambientales que no han sido resueltas?
Mejía también reveló otro elemento que podría complicar el panorama de la compañía, según indicó, la Agencia Nacional de Minería habría iniciado actuaciones relacionadas con una posible caducidad del contrato de La Colosa desde mayo de este año. Frente a esto, Mineros S.A. habría presentado una nueva demanda contra la entidad, cuyas pretensiones, de acuerdo con el ambientalista, alcanzarían los 404 millones de dólares.
"Ellos, para neutralizar ese proceso de caducidad del contrato de La Colosa, radicaron una nueva demanda. Fue admitida la semana pasada y la Agencia Nacional de Minería tendrá que defenderse, porque las pretensiones son que le paguen a la compañía 404 millones de dólares por no dejarles explotar en zonas de páramo donde la minería está prohibida", afirmó.
El ambientalista también cuestionó las condiciones en las que Mineros S.A. adquirió los derechos de La Colosa, señalando que AngloGold Ashanti habría vendido el proyecto por 10 millones de dólares, debido precisamente a las dificultades que enfrentaba para hacerlo viable.
"AngloGold le vendió a Mineros por 10 millones de dólares; es decir, prácticamente le regaló ese proyecto porque sabía que estaba inviabilizado", cuestionó.
Pero las preocupaciones del Comité Ambiental no terminan en Cajamarca. Robinson también lanzó una alerta por el posible interés de Mineros S.A. en adquirir el proyecto minero Las Ánimas, ubicado en Santa Isabel, cerca de la vereda Colón. Aunque aclaró que esta eventual negociación no está confirmada, aseguró que han identificado indicios de acercamientos de la compañía para hacerse con esta iniciativa.
"Lo que hemos identificado es que existiría la posibilidad de una negociación para adquirir esta mina. Eso no está corroborado, pero hay serios indicios y nos han comentado que habría interés de la compañía en adquirir este proyecto", manifestó.
El ambientalista cuestionó además los planteamientos de la empresa sobre la posibilidad de presentar La Colosa como un proyecto diferente al que durante años impulsó AngloGold Ashanti. A su juicio, las condiciones técnicas de la iniciativa no permitirían desarrollar una explotación de oro a gran escala sin recurrir a métodos como la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, con los riesgos ambientales que esto representaría para el territorio.
"Ellos han dicho que se la van a jugar por presentar el proyecto minero como uno más pequeño y diferente al que impulsaba AngloGold Ashanti, pero sabemos que es imposible, técnicamente, hacer un proyecto que no sea a cielo abierto y con cianuro en estas zonas", sostuvo.
Finalmente, Mejía advirtió que desde Cajamarca harán seguimiento a cada uno de los expedientes judiciales y a las decisiones que adopten el Ministerio de Ambiente, Cortolima, la Agencia Nacional de Minería y los jueces de la República. También aseguró que acudirán a los mecanismos constitucionales y legales para defender la consulta popular y las figuras de protección ambiental.
"Desde Cajamarca no vamos a permitir que este proyecto se reactive y estaremos prestos al seguimiento de todos los procesos judiciales. Cualquier decisión que vaya en detrimento de la consulta popular o de las decisiones de ordenamiento, como la delimitación del complejo de páramos Los Nevados o la zonificación de la Reserva Forestal Central, la defenderemos por los medios que nos permita la Constitución y la ley", concluyó.