Cortolima suspendió actividades en el relleno sanitario de Natagaima tras denuncias del Pacto Histórico
La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) ordenó suspender, desde el 15 de octubre de 2026, la disposición final de residuos sólidos en sectores del relleno sanitario de Natagaima, luego de identificar deficiencias ambientales relacionadas con el manejo de lixiviados y piscinas de almacenamiento que no estarían incluidas en la licencia ambiental.
La medida quedó establecida en la Resolución 6536 de 2026 y se produjo en medio de las denuncias y el control político adelantados por los congresistas del Pacto Histórico Laura Ahumada y Marco Hincapié. Según el comunicado de los parlamentarios, la decisión recoge varios de los cuestionamientos que habían presentado sobre la operación del relleno y la licencia ambiental otorgada en 2010.
Entre los hallazgos mencionados se encuentran deficiencias en el manejo de lixiviados, líquidos producidos por la descomposición de los residuos que pueden representar riesgos para el suelo y las fuentes hídricas. También se reportaron residuos expuestos, procesos erosivos y cuestionamientos sobre una piscina de almacenamiento que no estaría contemplada en la autorización ambiental.
La senadora Laura Ahumada aseguró que la decisión de Cortolima respalda las denuncias que había documentado ante el Congreso de la República. Por su parte, el r
epresentante Marco Hincapié sostuvo que la medida también responde a las alertas de las comunidades indígenas, las veedurías ciudadanas y las juntas de acción comunal, que habían solicitado la intervención de las autoridades.
Sin embargo, los congresistas advirtieron que la suspensión plantea un desafío para la disposición de residuos en el sur del Tolima, debido a que el relleno sanitario presta servicios a varios municipios de esta zona del departamento. Por ello, solicitaron a la Gobernación del Tolima convocar una mesa regional con las administraciones municipales, la comunidad de Natagaima y las autoridades competentes, con el propósito de establecer alternativas que garanticen la continuidad del servicio sin trasladar las cargas ambientales a una sola población.
Asimismo, Hincapié pidió a Cortolima avanzar en las actuaciones sancionatorias que correspondan y mantener la medida preventiva hasta verificar técnicamente el cumplimiento de las condiciones exigidas. Los parlamentarios también solicitaron que, durante la actualización de la licencia ambiental, se adelante la consulta previa con las comunidades indígenas presentes en la zona de afectación.
De acuerdo con el comunicado, la resolución concede a ESPUNAT un plazo de 90 días para tramitar la modificación de la licencia ambiental. Además, los congresistas anunciaron que pedirán al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios acompañar la vigilancia de las medidas y evaluar alternativas para mejorar la gestión de lixiviados.
Finalmente, Ahumada solicitó a la Contraloría y a la Procuraduría investigar las presuntas irregularidades relacionadas con el contrato mediante el cual se destinaron recursos públicos para que un operador privado administrara el relleno sanitario. Los congresistas aseguraron que harán seguimiento al cumplimiento de la Resolución 6536 de 2026 durante el plazo establecido por la autoridad ambiental.
