En el marco del debate nacional sobre la reforma a la educación superior en Colombia, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima presentó un análisis técnico sobre los retos y propuestas para modernizar el sistema de financiamiento de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas en el país.

La discusión está centrada en actualizar normas como la Ley 1279, que regula los puntos salariales docentes desde los años noventa, y la Ley 30 de 1992, que estipula los fundamentos sobre educación superior, con el fin de adaptarlos a las exigencias contemporáneas de ciencia, tecnología e innovación.

De acuerdo con Alejandro Gutiérrez, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Tolima, la propuesta apunta a corregir brechas y garantizar una asignación justa del presupuesto público

Para ello, la Facultad plantea estructurar el modelo de financiamiento en cuatro pilares estratégicos. En primer lugar, en materia de cobertura con calidad, el decano señaló la necesidad de continuar financiando el aumento de cupos y la gratuidad, pero también de reconocer de manera diferenciada a las instituciones que acreditan altos estándares nacionales e internacionales.

En segundo lugar, en materia de protección del talento humano y la investigación, la UT propone respaldar la inversión de las universidades regionales en la formación de doctores y magísteres, para evitar la fuga de capital humano calificado, en coherencia con los propósitos del Decreto 1279 y su articulación con el Manual de Categorización de Investigadores y Grupos de Investigación. Esto representa una oportunidad para generar rutas hacia la propiedad intelectual e industrial de valor agregado y la creación de empresas de base tecnológica y de innovación.

"Cuesta mucho tiempo y dinero formar un doctor o posdoctor en la universidad pública. Debemos garantizar condiciones para que esos investigadores con redes internacionales no se frustren dentro del sistema ni terminen retirándose al sector privado por falta de equipamiento o laboratorios”, enfatizó el directivo. 

Otro de los pilares es la equidad y el impacto regional, para lo cual se propone financiar los esfuerzos de las universidades con presencia en varios departamentos. En el caso de la Universidad del Tolima, que tiene presencia en nueve departamentos y brinda cobertura a estudiantes de diversas regiones, sin contar con convenios gubernamentales en todos ellos, el modelo debe garantizar la sostenibilidad financiera y la descentralización, en pro de desarrollo social, ambiental y económico de las comunidades aprovechando los activos bioculturales.

Finalmente, la UT plantea incorporar al debate el reconocimiento a la gestión y la cooperación internacional. En este punto, sostiene que se debe considerar un "capital de negociación" para las universidades que buscan recursos mediante alianzas estratégicas o esquemas de cofinanciación con ministerios y organismos de cooperación internacional.

"Hay universidades públicas que salieron a la cooperación internacional, a las carteras ministeriales y al sector privado a buscar alianzas. El modelo nacional debería premiar esa gestión otorgando presupuestos que sirvan como capital de contrapartida para cerrar este tipo de convenios”, puntualizó el decano.

Con estas propuestas, según indicó, la Universidad del Tolima busca aportar insumos al Gobierno nacional para lograr una fórmula distributiva equitativa que fortalezca la educación superior pública, proteja a sus investigadores y garantice el desarrollo de las regiones.