La Contraloría Departamental del Tolima abrió la lupa sobre una denuncia que advierte un presunto detrimento patrimonial cercano a los $3.000 millones, relacionado con el manejo de la contratación de una entidad.

La contralora del Tolima, Yésica Lozano Noriega, confirmó que se adelanta una actuación especial de fiscalización para establecer qué ocurrió con los recursos públicos y determinar si existen irregularidades en los contratos señalados.

Según Lozano, la denuncia apunta principalmente a contratos de prestación de servicios, por lo que el organismo de control revisará el universo contractual y seleccionará el mayor número posible de contratos para establecer si cumplieron con los requisitos legales.

Uno de los aspectos centrales será verificar si las personas contratadas cumplían efectivamente con los perfiles exigidos, además de revisar las condiciones, requisitos y ejecución de cada contrato.

La Contraloría destacó que la actuación especial de fiscalización permite avanzar con mayor rapidez, debido a que no requiere una etapa de planeación como otros mecanismos de control. En este caso, el organismo puede concentrarse directamente en la revisión de la ejecución contractual.

El resultado de esta revisión podría generar un nuevo escenario político y administrativo, dependiendo de los hallazgos que entregue el organismo de control. Por ahora, la Contraloría habla de presuntas irregularidades y será la valoración técnica y fiscal la que determine si existió o no un detrimento al patrimonio público.

Lozano aseguró que, una vez concluya la evaluación de los contratos, la Contraloría emitirá el respectivo informe con sus conclusiones. El proceso apenas comienza y ahora la lupa está puesta sobre la contratación por cerca de $3.000 millones.