En medio de un panorama cada vez más tenso por los recientes ataques de las disidencias en el sur del Tolima, la Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre las autoridades del departamento y exigió un informe detallado sobre las acciones para preservar el orden público.

El requerimiento fue dirigido a la Policía Metropolitana de Ibagué, la Policía del Tolima, la Defensoría del Pueblo y la Gobernación, a quienes se les pidió un balance concreto de los consejos de seguridad realizados, los Puestos de Mando Unificado activados y los mecanismos de seguimiento a los compromisos adoptados.

La solicitud no es menor. Llega en un momento en el que crecen las preocupaciones por la seguridad en varias zonas del departamento, especialmente tras hechos violentos recientes que han encendido las alertas.

La Procuraduría también pidió explicaciones sobre las acciones para evitar la repetición de hechos que alteren el orden público, así como el desarrollo de espacios de diálogo social y el funcionamiento de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas.

Otro punto clave es el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en sus alertas tempranas, un tema que ha sido cuestionado en diferentes regiones del país.

Además, el ente de control solicitó información detallada sobre los recursos destinados al fortalecimiento de la Fuerza Pública, junto con los soportes que permitan verificar en qué se han invertido y qué resultados han tenido.

La presión de la Procuraduría deja una pregunta abierta en medio de la crisis: qué tan preparadas están realmente las autoridades del Tolima para enfrentar el deterioro del orden público que hoy vuelve a golpear al departamento.