Incertidumbre nacional por la doble calzada entre Ibagué - Cajamarca
La doble calzada entre Ibagué y Cajamarca, considerada uno de los proyectos de infraestructura más importantes para la competitividad de Colombia, enfrenta un panorama más complejo de lo que muchos imaginan.
Aunque durante años se ha insistido en la necesidad de culminar las obras, hoy existen obstáculos jurídicos y financieros que impedirían que la concesión APP GICA continúe ejecutando los tramos pendientes.
La situación cobra aún más relevancia en medio de los recientes problemas registrados sobre la vía nacional, donde el tránsito por un solo carril debido a un deslizamiento, ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del principal corredor que conecta el centro del país con el puerto de Buenaventura.
Un fallo arbitral cambió el rumbo del proyecto
Aunque APP GICA ejecutó obras como los viaductos del Cocora, considerados entre los más complejos construidos en Colombia, además de la conexión entre Ibagué y Boquerón y varios tramos posteriores, la mayor parte de la doble calzada hacia Cajamarca continúa pendiente.
El punto de quiebre fue un laudo arbitral emitido hace más de un año. La concesión demandó a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por incumplimientos contractuales y el tribunal falló a su favor, ordenando a la entidad reconocer y pagar las obras ya ejecutadas.
Esa decisión, según expertos consultados, cerró jurídicamente la posibilidad de que APP GICA continúe desarrollando los tramos restantes del proyecto bajo el contrato actual.
¿Y el viaducto de Mirolindo?
El panorama tampoco sería favorable para otra de las obras más esperadas por los ibaguereños, el futuro viaducto de Mirolindo.
Aunque la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, propuso hace más de un año aportar cerca de 60 mil millones de pesos desde el departamento para impulsar esta intervención a través de la ANI, especialistas consideran que la iniciativa tampoco sería viable.
La razón es que APP GICA corresponde a una Iniciativa Privada (IP), figura regulada por la Ley 1508 de 2012, la cual limita la posibilidad de modificar este tipo de contratos mediante la inyección de recursos públicos.
Además, la concesión ya tiene estructurados sus flujos financieros hasta aproximadamente el año 2036, período durante el cual recuperará la inversión cercana a un billón de pesos realizada en las obras ejecutadas.
Incluso una eventual prórroga del contrato tampoco resolvería el problema, pues el costo financiero de construir hoy una obra para recuperarla dentro de quince años multiplicaría considerablemente su valor.
¿Cuál sería la solución?
Lo anterior no significa que la doble calzada no pueda terminarse, lo que cambia es quién deberá ejecutarla; expertos consideran que el Gobierno Nacional tendrá que diseñar un nuevo esquema de financiación y contratación para culminar este corredor estratégico.
Entre las alternativas planteadas aparece una nueva concesión para el tramo Ibagué - Cajamarca, complementada con la ejecución directa, a través del Invías, de los últimos cinco kilómetros antes de llegar a Cajamarca, una intervención que podría superar los 500 mil millones de pesos.
El impacto sobre la economía nacional
Para el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, la importancia de este corredor trasciende las fronteras del Tolima.
“La Línea es el principal corredor que conecta el centro del país y el puerto de Buenaventura con el interior. Hasta 12 mil vehículos diarios transitan sobre este corredor y hasta 4.500 vehículos de carga pesada se desplazan sobre esta vía diariamente. Gran cantidad de mercancía que circulan por allí diariamente pueden estar siendo represadas o, por lo menos, llegando tardíamente a sus lugares de destino”, advirtió.
Es de resaltar que actualmente solo existen dos grandes tramos pendientes de doble calzada en el corredor Bogotá-Buenaventura, el corredor Ibagué - Cajamarca y un tramo entre Calarcá - La Paila.
El llamado al nuevo Gobierno
El dirigente gremial considera que la solución pasa por recuperar la confianza jurídica para atraer nuevamente la inversión privada, “en Colombia, en los últimos años, no solamente hemos tenido problemas de inseguridad de carácter físico; hemos sufrido también falta de seguridad jurídica y eso ha determinado la imposibilidad de ejecutar adecuadamente los contratos”.
Y agregó, “si bien es cierto, en el Congreso se han tratado de tramitar leyes con relación a peajes y demás, aquí lo importante es que las reglas sean totalmente claras, no solo para quien ejerce la actividad como concesionario, sino para el Estado y para el Invías, de manera que puedan cumplir el objeto para el cual fueron creados los contratos y eso redunde en beneficio de los colombianos”.
Finalmente, Cuervo expresó su expectativa frente al Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, "esperamos que el nuevo Gobierno este tema de la seguridad jurídica se tome tan en serio como la ejecución de las obras".
