La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, anunció nuevas acciones contra la minería ilegal en el sur del departamento, tras revelar un grave impacto ambiental en ecosistemas estratégicos, especialmente en el municipio de Ataco, donde se concentra la mayor afectación.

Durante una rueda de prensa realizada en la sede de la corporación, directivos y técnicos de la entidad presentaron los resultados de un análisis multitemporal que evidencia daños significativos en fuentes hídricas, suelos, flora y fauna como consecuencia de actividades de extracción ilícita de minerales. De acuerdo con el informe, se han adelantado 15 operativos de control y vigilancia entre 2025 y lo corrido de 2026, que han derivado en 75 procesos sancionatorios en municipios como Ataco, Chaparral, Rioblanco, Planadas y Ortega.

Según explicó la directora, Olga Alfonso Ianinni, solo en Ataco se han identificado 232 hectáreas afectadas, principalmente en zonas cercanas a los ríos Saldaña, Atá y la quebrada Apone. Las afectaciones incluyen pérdida de cobertura vegetal, alteración del cauce de los ríos, aumento de la turbidez, destrucción de corredores biológicos y riesgos de contaminación por el uso de maquinaria pesada y combustibles dentro de los cuerpos de agua.

El análisis técnico, desarrollado con imágenes satelitales desde 2016 y estudios de cobertura de la tierra, permitió identificar impactos sobre bosques riparios, áreas forestales, pastos arbolados y ecosistemas acuáticos. De manera preocupante, se reportó la afectación a especies endémicas y migratorias, lo que altera la cadena trófica y pone en riesgo la biodiversidad de la región.

Cortolima advirtió que la minería ilegal no solo genera daños ambientales, sino también impactos sociales, económicos y de seguridad, debido a la presencia de grupos armados ilegales y personas provenientes de otros departamentos, situación que ha dificultado incluso la incautación o destrucción de maquinaria durante algunos operativos por asonadas masivas.

Ante este panorama, la corporación elevó un llamado al Gobierno Nacional para una acción integral del Estado, solicitud que fue formalizada mediante un informe diagnóstico remitido en octubre de 2025 a los ministerios de Ambiente, Defensa y Minas, así como a la Agencia Nacional Minera y entidades de control. Estas gestiones derivaron en la activación del CONALDEF, la realización de mesas de coordinación interinstitucional y el anuncio de la instalación de un Puesto de Mando Unificado Ambiental y Social en la zona.

Asimismo, se informó sobre el fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública, incluyendo el establecimiento de unidades del Ejército, sobrevuelos de verificación y restricciones a la circulación de maquinaria amarilla mediante decretos expedidos por la Gobernación y algunas alcaldías.

Finalmente, Cortolima reiteró que, aunque algunos daños podrían ser irreversibles, es posible avanzar en procesos de restauración ambiental si cesan las actividades ilegales, al tiempo que alertó sobre los riesgos a la calidad del agua que consume la población y los efectos a largo plazo en la salud y el equilibrio ambiental del sur del Tolima.