La suspensión de los efectos de la Emergencia Económica decretada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2025 fue recibida como una noticia positiva por la Gobernación del Tolima y por la Fábrica de Licores del departamento, al considerar que la medida evitó un impacto directo en el precio de los licores y en las finanzas regionales.

La gerente de la Fábrica de Licores del Tolima, Victoria Castillo, afirmó que la decisión de la Corte Constitucional representa un alivio para la industria licorera del país, luego de meses de incertidumbre por los cambios tributarios que traía el decreto.

Explicó que las modificaciones incluían aumentos en el componente específico del impuesto al consumo y el alza del IVA del 5 al 19%, lo que habría encarecido significativamente el producto final.

Castillo resaltó el papel de la mandataria seccional en la defensa del sector.

“Alguien tenía que levantar la voz y fue nuestra gobernadora quien lideró desde la Federación Nacional de Departamentos todo esto”, sostuvo.

En el caso del Tolima, la Fábrica de Licores no facturó en enero con el nuevo esquema tributario, aunque sí realizó un pago mínimo por operaciones de diciembre.

Castillo señaló que, paralelamente, se adelantaron gestiones para reducir costos de producción mediante la renegociación con proveedores, lo que permitirá mantener la competitividad del tradicional aguardiente Tapa Roja.

Por su parte, la gobernadora Adriana Magali Matiz destacó el desempeño de la empresa licorera y su aporte a las finanzas del Tolima.

“El año pasado tuvimos extraordinarias ventas desde la Fábrica de Licores y eso permitió también que le llegaran por transferencias más de 16 mil millones de pesos al departamento del Tolima”, señaló.

La suspensión de la Emergencia Económica fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional con seis votos a favor y dos en contra, al considerar que mantener sus efectos podría generar consecuencias jurídicas irreversibles. La decisión abre ahora un compás de espera político y económico, mientras se define de fondo la constitucionalidad de la medida.